Según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, será necesario actualizar las regulaciones que rigen el trasvase Tajo-Segura para ajustarse a las nuevas directrices del Plan Hidrológico del Tajo en un plazo de 12 meses después de su aprobación en febrero de 2024. Yáñez ha señalado que las regulaciones actuales están en conflicto con el nuevo Real Decreto, por lo que deben ser modificadas y se ha dado un año para abordar esta cuestión. Además, ha destacado que los caudales mínimos establecidos en el nuevo plan son, en efecto, mínimos y espera que aumenten.
Otro de los puntos importantes abordados por Yáñez es el hecho de que un 80% de las masas de agua del río Tajo no presentan un buen estado. En consecuencia, el objetivo central de la nueva planificación hidrológica es garantizar un curso del río que sea eficiente y racional lo máximo posible. Para enfrentar este problema, se han propuesto más de 600 acciones y una inversión de 3.700 millones de euros en el nuevo Plan del Tajo. De estos, 100 se distribuyen en 40 acciones para revertir el estado hidromorfológico.
El presidente ha mencionado que la mayoría de estas acciones se centran en el eje del Tajo, que es una de las zonas más afectadas y abarca Toledo y Talavera de la Reina. En cuanto a la aparición de espumas en el río Tajo, que puede deberse a la contaminación puntual y cambios de temperatura drásticos, Yáñez ha explicado que el 55% de los 3.700 millones de euros destinados al plan se dirigen a la depuración de aguas y que una de las medidas más importantes es la implementación de tres depuradoras en el sur de Madrid que se estima costarán más de mil millones de euros. Según ha enfatizado, esta medida podría reducir la presencia de espumas una vez que estén en funcionamiento.
