El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que una vez que «se han roto las normas», se requiere de «una reacción judicial» para hacer frente a la situación. Esto tras asegurar que «claramente hay que autoengañarse mucho para no saber que lo que hicieron los independentistas fue una subversión del orden constitucional y eso no tiene vuelta de hoja». Esto tras el decreto emitido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fija criterio en las revisiones de casos que se hagan a causa de la reforma penal que modificó la malversación.
García-Page ha señalado que se trata de que el expresidente catalán Carles Puigdemont «vuelva a España, pero no con las manos en los bolsillos». El titular del Ejecutivo regional ha afirmado que el «lucro no solo se mide en euros en la cuenta corriente de un banco, ni en criptomonedas», sino que «el lucro es todo beneficio que signifique un enriquecimiento usando además medios y presupuestos para un fin claramente ilegal».
Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha instado a que se busquen «soluciones para todos» y que se mantenga el diálogo institucional, siempre respetando la Constitución española. «Yo entiendo que la realidad de Cataluña necesita de una explicación y una singularidad diferente a la de Castilla-La Mancha, pero, claro, la norma que rige este tema es la misma con la que yo soy presidente, la Constitución española. Dentro de la Constitución cabe hablar, pero siempre cumpliendo la Constitución y las leyes», ha concluido.