La Asociación de Madres y Padres San Lucas y María ha presentado un recurso de alzada contra el decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes de Castilla-La Mancha. Esta norma no considera la posibilidad de que el alumnado pueda desplazarse caminando a su centro educativo, algo que consideran discriminatorio para los residentes en el Casco Histórico de Toledo, el único público de la ciudad.
Juan Francisco Pérez, abogado del despacho Grupo Legal que ha impugnado esta normativa, ha explicado que esta directiva incumple normativa nacional y europea en cuanto a la sostenibilidad medioambiental. Esto se debe a que otorga la misma puntuación a los alumnos que viven en el Casco, que pueden llegar caminando al único Instituto de Educación Secundaria que hay en el barrio antiguo, que es el Sefarad, que a otros que vienen de Argés, Layos u cualquier otro municipio limítrofe a Toledo, que obligatoriamente tienen que desplazarse en autobús o coche a los centros de Secundaria.
Según Pérez, esto hace que las familias residentes en el casco se sientan «discriminadas», pues consideran que la Administración regional no protege su acceso a los centros públicos del barrio a los que sus hijos pueden ir andando. Esto se debe a que no tienen acceso a ruta escolar ni facilidad alguna para ir en transporte público urbano, entre otras cosas, por la propia fisonomía de un centro histórico.
El recurso presentado por el AMPA ‘Padres Unidos’ impugna el artículo 11 letra b) que establece los criterios de admisión del alumnado, del decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Según el recurso, esta resolución no ha tenido en cuenta el impacto de carácter social y medioambiental, el impacto en materia de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tiene para la Administración.
Por ello, desde el AMPA consideran que se debe realizar un estudio de movilidad activa «priorizando el que los alumnos puedan ir al centro de estudios caminando, o en bicicleta», por ser ésta la opción «más saludable, exenta de emisiones, accesible y asequible para todos los ciudadanos».
Tras la interposición del recurso, la administración tiene tres meses para contestar. El representante legal del AMPA del San Lucas y María espera llegar a un punto de acuerdo sin tener que acudir a la jurisdicción contecioso-administrativa.