Los vecinos del bloque de viviendas ubicado en la calle Yedra, número 8, han presentado un escrito dirigido al presidente regional, Emiliano García-Page, solicitando que la Junta inicie un proceso negociador para establecer un programa de alquiler acorde con los ingresos de cada unidad habitacional del inmueble. Esto va acompañado de una gestión integral de la urbanización, así como una intervención socio-comunitaria permanente y pública, que permita a los vecinos presentar sus propuestas. Además, los solicitantes piden que se adjudiquen los pisos vacíos.
Los vecinos señalan que, a pesar de haberse mantenido reuniones con representantes vecinales, con Gicaman y con responsables de la Consejería de Fomento, no se han obtenido resultados efectivos que mejoren la situación. Además, denuncian que, a pesar de haberse gastado 569.013,64 euros en mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones, los garajes y trasteros continúan cerrados, los espacios comunes llenos de desperfectos y suciedad, los cuadros de luz enganchados o cerrados con chapas, y los pisos vacíos ocupados por familias no adjudicatarias.
Los vecinos también alegaron que las acciones judiciales, civiles y penales no han tenido el efecto deseado, por lo que proponen que se incremente el número de trabajadoras sociales y educadoras sociales públicas y permanentes para mejorar la situación. Además, piden que se establezcan pagos escalonados del alquiler mensual, incluyendo la comunidad y el IBI, acordes a los ingresos mensuales de los vecinos, que oscilan entre los 400 y los 1.500 euros.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo y los vecinos de Yedra 8 exigen a la Junta que inicie un proceso negociador para establecer un programa de alquiler acorde con los ingresos de cada unidad habitacional del inmueble. Además, piden una gestión integral de la urbanización, una intervención socio-comunitaria permanente y pública, una participación de los vecinos con sus propuestas, y la adjudicación de los pisos vacíos. Asimismo, solicitan un incremento del número de trabajadoras sociales y educadoras sociales públicas y permanentes, y pagos escalonados del alquiler mensual, incluyendo la comunidad y el IBI, acordes a los ingresos de los vecinos.