El nuevo Plan de Empleo en Castilla-La Mancha tendrá una inversión de 73 millones de euros y fue rubricado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de la región. El presidente regional, Emiliano García-Page, firmó los convenios alcanzados con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma. Este plan busca incentivar la creación de puestos de trabajo y priorizar a grupos vulnerables como desempleados de larga duración, jóvenes poco cualificados y personas con discapacidad o en exclusión social.
El presidente García-Page destacó la importancia de la formación como solución para reducir el desempleo en España, y agradeció las negociaciones con los presidentes de las diputaciones provinciales, incluidos aquellos del partido opositor, por su colaboración en la estrategia de empleo. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, subrayó la urgencia de promover salidas profesionales para los trabajadores con menos formación y destacó que este plan busca alcanzar los 7.000 beneficiarios, con un énfasis en la incorporación de mujeres en un 55% de los puestos de trabajo.
El plan contempla modalidades específicas de acuerdo con cada provincia, y se priorizará la contratación en zonas despobladas. Además, se incluyen dos nuevas líneas de acción, una que ofrece formación en competencias clave o certificados de profesionalidad y otra que busca la participación de empresarios locales. El plazo para presentar solicitudes por parte de los ayuntamientos finaliza el 3 de noviembre.
Los presidentes provinciales también expresaron su apoyo a este plan de empleo y resaltaron la importancia de colaborar en políticas que beneficien a los ciudadanos. En general, se mostraron satisfechos con los acuerdos alcanzados y la oportunidad de mantener los servicios básicos en zonas rurales y despobladas.
En resumen, el nuevo Plan de Empleo en Castilla-La Mancha, con una inversión de 73 millones de euros, busca promover la creación de puestos de trabajo, brindar formación a los beneficiarios y priorizar a grupos vulnerables. Los presidentes provinciales de la región mostraron su apoyo a esta estrategia y destacaron su importancia para mantener servicios básicos en áreas rurales y despobladas.