La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, informó este lunes en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo sobre una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. La sentencia fue interpuesta en el año 2021 por la empresa TAGUS, concesionaria del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad.
De acuerdo con Molina, como resultado de la sentencia, a partir del 1 de enero de 2024 se implementará un aumento en las tarifas correspondientes al periodo 2020-2024. Esto implica que a partir de esa fecha, el consumidor promedio, que representa al 80% de la población y tiene un consumo medio bimensual de 18 metros cúbicos, pasará de pagar 28,23 euros (IVA incluido) a 37,02 euros (IVA incluido). En otras palabras, esto significa un incremento de 8,80 euros por bimestre o 4,40 euros al mes, IVA incluido, según informó el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.
Este aumento se produce como consecuencia de la falta de actualización de las tarifas quinquenales por parte del equipo de gobierno anterior del PSOE en 2019. Según la concejal, se suponía que debían haber revisado los precios en 2019, pero ahora son ellos quienes tienen que asumir la irresponsabilidad de no haberlo hecho. Esta situación podría haberse evitado si la alcaldesa Tolón hubiera gestionado de manera más eficaz y cumplido con su trabajo. Ahora, son los ciudadanos de Toledo quienes pagarán por esta falta de rigor y responsabilidad por parte del gobierno anterior.
Además de esto, Molina ha criticado la inactividad del equipo de gobierno anterior, ya que esta sentencia era conocida desde enero y no se hizo nada al respecto. En palabras de la concejal, «esto podría haberse evitado si Tolón hubiera hecho su trabajo y gestionado de manera eficaz. Ahora seremos los toledanos quienes pagaremos su falta de rigor y responsabilidad».
Esta noticia ha generado preocupación entre los ciudadanos de Toledo, ya que supondrá un aumento significativo en sus facturas de abastecimiento de agua. Ahora tendrán que hacer frente a un gasto mensual mayor, lo cual afectará directamente a su economía.
Es importante que las autoridades tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Los ciudadanos merecen un gobierno responsable que cumpla con sus obligaciones y tome decisiones adecuadas en beneficio de todos. La falta de actualización de tarifas y la falta de acción ante una sentencia judicial son ejemplos claros de negligencia por parte del equipo de gobierno anterior.
Esperemos que esta situación sirva como lección para que las autoridades actuales se comprometan a gestionar de manera eficiente y responsable los servicios públicos y eviten perjudicar a los ciudadanos con aumentos injustificados en sus facturas. Los toledanos merecen un gobierno que trabaje en su beneficio y no los obligue a pagar por los errores del pasado.
