En un reciente proceso judicial ante el Tribunal Supremo, el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, ha negado categóricamente haber solicitado a una fiscal que trabajara desde casa durante su baja por un embarazo de riesgo. La fiscal en cuestión había sido sancionada con una multa de 1.500 euros por supuestos retrasos injustificados en su trabajo y había presentado un recurso contra esta decisión.
Durante su comparecencia en el juicio, Huélamo ha afirmado que la fiscal le informó un día antes de que tomaría su baja y que él simplemente le sugirió que, en la medida de lo posible, terminara los asuntos pendientes antes de ausentarse. Según el fiscal jefe, su intención era que la fiscal agilizara su trabajo antes de que se hiciera efectiva la baja médica.
En relación a una grabación presentada como prueba por la defensa durante el juicio, en la cual se escucha una conversación entre ambos, Huélamo no ha reconocido ni negado ser la persona que habla en la grabación, alegando que no puede asegurar si es su voz o no. El abogado del Estado ha calificado esta grabación como «pirata», insinuando que no es válida como prueba.
Durante la sesión, también se ha revelado que la Fiscalía de Toledo no cuenta con un delegado de prevención de riesgos laborales, y Huélamo ha afirmado que no se aplican medidas especiales en cuanto al reparto de trabajo para las fiscales embarazadas. Sin embargo, el fiscal jefe ha mencionado que ninguna fiscal embarazada ha solicitado medidas especiales ni ha informado de una disminución en su carga de trabajo debido a su embarazo.
El abogado del Estado ha asegurado que este caso es simplemente un conflicto entre el fiscal jefe y la fiscal sancionada, debido a un «malentendido», y que será el Tribunal Supremo quien decida si la sanción impuesta es proporcionada o no.
Por su parte, la defensa ha argumentado que la fiscal fue sancionada por negarse a seguir trabajando estando de baja médica por un embarazo de alto riesgo. La defensa solicita la anulación de la sanción, la devolución de los 1.500 euros a la fiscal y el reconocimiento de posibles violaciones del artículo 14 de la Constitución (igualdad y no discriminación) y del artículo 24 de la Carta Magna (derecho a un juicio justo).
En resumen, este polémico caso ha dejado en evidencia un supuesto «malentendido» entre el fiscal jefe provincial de Toledo y la fiscal sancionada en relación a su baja por embarazo de riesgo. Ahora, será responsabilidad del Tribunal Supremo determinar si la sanción impuesta es justa o no.
