La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Toledo demanda mayor flexibilidad en el uso del purín como abono orgánico, ante las limitaciones que se introducen con las nuevas condiciones medioambientales que entrarán en vigor en 2023 con la PAC.
La condicionalidad reforzada, incluida en la nueva PAC, plantea nuevos requisitos y endurece los ya existentes con relación al uso de materias orgánicas como el purín y el estiércol para el abonado de tierras, limitando los períodos de tiempo en que se puede verter, ha alertado en nota de prensa la organización.
Las prohibiciones de echarlo entre abril y junio y, después, entre la cosecha y el 1 de septiembre, restringe su uso exclusivamente a unas semanas antes de la sementera y en cobertera.
La presidenta provincial de ASAJA, Blanca Corroto, ha explicado que «esto plantea un grave problema de almacenamiento de purín a las explotaciones de porcino, que tienen la obligación de contar con balsas de depósito para tres meses y no están preparadas para almacenar por más tiempo, situación que se agravaría en los meses de verano cuando, de media, las micciones en una granja se incrementan un 30%».
Con la nueva normativa de condicionalidad reforzada, las granjas necesitarían agotar al máximo su capacidad de almacenaje de sus residuos orgánicos, contradiciendo, además, el objetivo ambiental de la ley que regula las granjas porcinas (RD 306/2020), que marca como objetivo disminuir el tiempo de depósito de los residuos, aconsejando no más de un mes y potenciando su uso como abono, enterrándolo posteriormente para evitar emisiones de CO2.
Por su parte, Asaja Toledo propone que se permita verter materia orgánica de abril a junio en barbechos que tengan alguna cobertura vegetal, así como después de la cosecha y durante el verano en los rastrojos, aplicándolos como se hace actualmente: por inyección y con un tapado con mínimo laboreo.
Además, la organización agraria reclama una regulación coherente y que apoye de manera real el uso de los fertilizantes orgánicos para, por un lado, abonar la tierra con productos naturales y más económicos que los químicos, sobre todo teniendo en cuenta que estos últimos han incrementado su precio en un 150% desde 2021, y, por el otro, facilitar a las granjas la gestión de sus residuos orgánicos.
RETRASOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
Por otro lado, la responsable de Asaja Toledo se ha referido al retraso de la Consejería de Agricultura en la resolución de las cesiones de derechos de pago básico solicitadas en la campaña PAC de 2021, muchas de las cuales aún están pendientes de resolver y las resueltas en las últimas semanas no entrarán en pago hasta febrero.
«Los agricultores afectados no han cobrado ni las ayudas PAC de 2021 ni el anticipo abonado en octubre, correspondiente a las solicitudes de este año y que tampoco entren en el último pago de este año», han alertado, precisando que buena parte de los expedientes afectados son de jóvenes recientemente incorporados a la actividad agraria.
A juicio de la organización agraria, esta situación agrava los problemas de liquidez de los agricultores justo en el momento en el que más necesitan unas ayudas que palíen en parte la grave crisis de rentabilidad que atraviesa el sector como consecuencia del incremento desmesurado de los costes de producción.
En este sentido, Corroto ha pedido celeridad a la Consejería de Agricultura y a su Delegación en Toledo, si bien ha matizado que «nos consta que tienen una gran carga de trabajo por la burocracia que exige la aplicación de la Política Agraria Común», afirmando que los problemas no vienen en ningún caso por el trabajo de los funcionarios sino por no contar dichos organismos con el suficiente personal para poder desempeñar su trabajo en tiempo y forma.
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