CCOO y UGT se manifiestan para denunciar el «oportunismo» que puso en riesgo el decreto ‘ómnibus’ en defensa de los derechos laborales.

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CCOO y UGT han manifestado su intención de llevar a cabo protestas en diversas ciudades de España este domingo 2 de febrero, denunciando lo que consideran un uso «oportunista» de la protección social por parte de ciertos partidos políticos. Esta movilización surge a raíz de las tensiones generadas en torno al primer decreto ‘ómnibus’, cuya falta de convalidación podría haber comprometido medidas cruciales, tales como la revalorización de pensiones y las ayudas al transporte.

En Castilla-La Mancha, las manifestaciones se realizarán en varias plazas en distintas ciudades: en Albacete, en la Plaza del Altozano; en Ciudad Real, en la Plaza de la Constitución; en Cuenca, en la Plaza de España; en Guadalajara, en la Plaza Mayor; y en Toledo, en la Plaza de Zocodover. En Madrid, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, encabezarán la movilización a las 12:00 en la Plaza Jacinto Benavente, instando a los grupos parlamentarios a cumplir sus compromisos y aprobar el nuevo real decreto ley «sin más dilaciones».

Además, los sindicatos han organizado concentraciones en todas las comunidades autónomas, exigiendo a los legisladores que se enfoquen en las necesidades de los ciudadanos y que no utilicen sus derechos como «moneda de cambio». En un manifiesto conjunto, CCOO y UGT han afirmado que el Parlamento debe «estar al servicio de la gente», señalando que las estrategias políticas de corto plazo afectan negativamente no solo la imagen de los partidos, sino también la de las instituciones democráticas.

Ambas organizaciones han enfatizado que la no aprobación del primer decreto ‘ómnibus’ impactó a más de 10 millones de pensionistas y 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), además de poner en riesgo la continuidad de ayudas a familias vulnerables y al transporte público para más de 20 millones de personas. En este marco, han subrayado que no se puede permitir que los derechos de los ciudadanos sean utilizados como herramienta en conflictos políticos.

Unai Sordo ha advertido que el movimiento sindical permanecerá «vigilante» ante las leyes que se tramiten en el Congreso, mientras que Pepe Álvarez ha señalado que las movilizaciones tienen como objetivo mostrar que las medidas propuestas están «alejadas de las necesidades» reales de la población.

A pesar de haber alcanzado un acuerdo sobre un nuevo decreto ‘ómnibus’, negociado con Junts y que probablemente cuente con el apoyo del Partido Popular (PP), CCOO y UGT han insistido en la importancia de salir a la calle para demandar «responsabilidad y compromiso». Los sindicatos buscan garantizar que la protección social de la mayoría no quede en peligro y que el Gobierno cumpla su promesa de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, especialmente ante la ausencia de presupuestos generales para 2025.

Además, expresando su preocupación por el futuro de las pensiones, CCOO y UGT han destacado la necesidad de asegurar la sostenibilidad del sistema público. Han subrayado la importancia de implementar medidas convenidas en el diálogo social, como la cuota de solidaridad para los salarios más altos y el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ambas organizaciones han señalado que, aunque algunos partidos respaldan la revalorización de las pensiones, se oponen a los ingresos necesarios para hacerla viable, lo que podría comprometer el sistema y abrir la puerta a su privatización.

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