La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha destacado que es «urgente y prioritario» que el Consejo de Ministros confirme un aumento salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos, previsto para 2024 y establecido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Estas declaraciones fueron realizadas en Toledo, donde estuvo acompañada por Carmen Campoy, secretaria regional de UGT Servicios Públicos, justo antes del II Congreso de UGT Servicios Públicos en Castilla-La Mancha.
Ambas líderes expresaron su preocupación por la situación actual de los empleados públicos, cuyas remuneraciones están congeladas y no tienen información sobre una posible subida salarial en 2025. Araque hizo un llamado a la necesidad de implementar una «subida salarial plurianual» para estos trabajadores, argumentando que tal medida no debería depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Araque también se refirió a la necesidad de modernizar el acceso a la administración pública, calificando de «anacrónicos» los procesos selectivos que pueden demorar más de tres años. Hizo hincapié en las oportunidades que podrían surgir con la digitalización y la implementación de inteligencia artificial en las administraciones.
Además, mencionó los servicios públicos gestionados de forma indirecta por la iniciativa privada, que enfrentan retos relacionados con la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación. Un ejemplo de esto es el servicio de transporte sanitario en Castilla-La Mancha.
Por último, Araque subrayó la importancia de negociar una ley básica estatal de servicios sociales que brinde protección a los trabajadores de este sector, donde, según indica, el 90% son mujeres. Destacó la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, especialmente en ámbitos como dependencia, atención a domicilio y centros de acogida de migrantes, recordando la reciente tragedia que resultó en la muerte de una educadora en Badajoz, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos profesionales.
UGT ha elaborado una propuesta legislativa en el ámbito de los servicios sociales, considerada necesaria por el Gobierno, aunque el proceso formal de su elaboración aún no ha arrancado. Araque reconoció que establecer una ley de tal envergadura no se puede resolver en poco tiempo.
