El mercado inmobiliario español se encamina hacia un 2025 que promete ser agitado, con previsiones que indican cerca de 750,000 transacciones de compraventa y un aumento de precios entre el 4% y el 6%. Sin embargo, esta perspectiva optimista se ve ensombrecida por signos de desaceleración que podrían surgir a final de año, impulsados principalmente por problemas de oferta, inflación y posibles incrementos en las tasas de interés.
Vicenç Hernández Reche, economista y líder de Tecnotramit, destaca que la actual presión sobre los precios difiere de la crisis de 2008. Según su análisis, las consecuencias de esta situación serán más significativas a nivel social que macroeconómico. La falta de nueva construcción persiste como un obstáculo clave, con un déficit anual de más de 100,000 viviendas. La oferta actual, que varía entre 80,000 y 100,000 construcciones anuales, no puede satisfacer una demanda que alcanza las 200,000, lo que sigue impulsando los precios tanto de compra como de alquiler.
Aunque algunos piensan en una posible ‘burbuja’ inmobiliaria, Hernández Reche argumenta que las características actuales son diferentes a las de 2008. Los criterios de financiación ahora son más cautelosos, la demanda sigue siendo fuerte, y el aumento de precios depende mucho de la ubicación geográfica. Sin embargo, cualquier crisis futura podría tener un impacto más severo en las poblaciones más vulnerables.
En términos hipotecarios, se espera que las hipotecas a tipo fijo cobren mayor relevancia frente a las variables, aunque el acceso a ellas podría continuar siendo complicado para muchos. Con tasas de interés aún altas en comparación con los niveles previos a 2022, las familias de ingresos medios y bajos podrían enfrentar dificultades si los precios no se estabilizan.
Para abordar estas problemáticas, el economista propone un plan nacional de oferta y rehabilitación que contemple la construcción de más viviendas, tanto libres como sociales. También sugiere agilizar la concesión de licencias y fomentar la rehabilitación energética a gran escala, subrayando que la política de vivienda debe centrarse más en las realidades del mercado que en sesgos ideológicos.
