Un grupo de trabajadores del 112 de Castilla-La Mancha se concentró este martes en Toledo para demandar el final de la externalización del servicio de atención a la ciudadanía, insistiendo en que debería estar bajo el control de un organismo público. Decenas de operadoras y operadores de atención telefónica se congregaron frente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, señalando que esta externalización resulta en condiciones laborales precarias y afecta negativamente la calidad del servicio brindado a los usuarios.
Nazaré Rodríguez, presidenta del comité de empresa del 112, subrayó que el objetivo principal de la movilización es promover "la gestión pública" del servicio. “Es momento de que la Junta asuma el control y no lo entregue a empresas que solo buscan su propio beneficio”, subrayó. En la actualidad, la atención telefónica es gestionada por la empresa Serveo, la cual logró el contrato en 2022 a través de una subasta inversa que recortó el presupuesto en “un millón y medio menos” en comparación al contrato anterior.
Rodríguez agregó que, a pesar de las adversidades, la calidad del servicio se ha mantenido. Resaltó que encuestas recientes otorgan una valoración de 9 al servicio del 112 por parte de los ciudadanos, un aspecto que, según indicó, la propia Junta utiliza con orgullo.
Angelines Vega Gómez, trabajadora de sala del 112 y miembro del comité, mencionó que la plantilla está formada por alrededor de 75 personas en sala y cerca de 204 en total en la región. Esta cantidad se ha demostrado insuficiente, especialmente en días de alta demanda, como el 31 de diciembre, cuando solo seis personas se encargaron de atender a toda Castilla-La Mancha.
Vega Gómez también señaló que han intentado hacer llegar a la Administración regional la situación "insostenible" de la plantilla y han defendido la subrogación del personal, así como la adscripción del servicio a una entidad pública. El pasado 12 de noviembre, durante la colocación de la primera piedra de la nueva sede del 112, hicieron entrega de una carta al presidente Emiliano García-Page con sus reivindicaciones, pero criticaron la respuesta recibida, calificándola de “hiriente”.
Las sindicalistas anunciaron que las movilizaciones seguirán, con más actos y concentraciones en el futuro, para reiterar su demanda de que el servicio sea público. “Incluso estamos considerando la posibilidad de una huelga”, destacó Vega Gómez, a pesar de las complicaciones que esto implicaría para garantizar servicios mínimos. “Si es necesario seguir concentrándonos, aquí estaremos”, concluyó.
Esta información fue publicada originalmente en Diario de Castilla-La Mancha.
