La Asamblea General de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha aprobado recientemente una resolución en la que, tras analizar el complejo escenario global marcado por conflictos, crisis humanitarias y emergencia climática, solicita el cumplimiento de los compromisos políticos y el desarrollo de un marco normativo sólido para defender los derechos humanos, proteger el medio ambiente y garantizar la paz.
El documento aprobado recoge el posicionamiento de la entidad y se estructura en torno a ocho propuestas clave, agrupadas en dos áreas de incidencia: Marco normativo y político y Ciudadanía activa y valores.
En el ámbito normativo, las ONG reclaman un aumento progresivo del presupuesto regional de cooperación hasta alcanzar el 0,7 %, la reforma de la Ley 3/2003 de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha, el refuerzo de los programas humanitarios y de construcción de paz —proponiendo destinar el 10 % del presupuesto de cooperación a este fin— y la consolidación del presupuesto destinado a cooperación en entidades locales, incluyendo a las diputaciones provinciales.
En relación con Ciudadanía activa y valores, la Asamblea se ha pronunciado en favor de un impulso de la participación ciudadana que dé como resultado una mejora de las políticas de cooperación. También ha subrayado la importancia de que las administraciones públicas adopten principios de coherencia de políticas, asegurando que las medidas y decisiones estén alineadas con los compromisos adquiridos, que se cumplan los programas y promesas electorales, y que las políticas públicas reflejen los acuerdos firmados por el Estado como la Agenda 2030.
Incidiendo en la importancia de actuar en torno a valores y principios, la Asamblea ha demandado una actitud activa frente a los discursos de odio y la desinformación. Un problema que no solo se presenta como un agente desestabilizador de la esfera pública y social sino también como un ataque directo a algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad, como migrantes y minorías.
El documento incorpora una serie de propuestas suscritas por las socias de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha para favorecer el impulso a las políticas de desarrollo sostenible: incluir el enfoque de derechos humanos, ecologista, feminista, de comercio justo y de economía social en las decisiones políticas y administrativas de los distintos niveles de gobierno.
Un contexto complejo e incorporaciones: Cruz Roja y Calma
En este contexto, la resolución de la Asamblea recuerda el compromiso asumido en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que fija como objetivo alcanzar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el año 2030. Sin embargo, dos años después de la aprobación de esta ley, lejos de avanzar, se ha producido un retroceso preocupante. La media del presupuesto destinado por las comunidades autónomas a AOD se sitúa actualmente en el 0,12 %, y Castilla-La Mancha es una de las regiones que menos destina, con solo un 0,03 %. A nivel nacional, el porcentaje total de Ayuda Oficial al Desarrollo alcanza apenas el 0,24 % del PIB, muy lejos aún del compromiso internacional asumido.»
Por otro lado, en esta Asamblea general se ha incorporado como miembros de pleno derecho a dos entidades, Cruz Roja Castilla-La Mancha y Calma (Cooperación Alternativa Manchega), una entidad que trabaja desde el municipio de Miguelturra, Ciudad Real.
Resolución de la Asamblea de la Coordinadora que viene a demandar una posición activa de la administración y los poderes públicos ya que los presupuestos estatales y autonómicos dedicados a Ayuda Oficial al Desarrollo han experimentado un importante retroceso, precisamente cuando la humanidad vive el mayor número de conflictos tras la II Guerra Mundial. Por ello, esta resolución concluye confirmando que la cooperación al desarrollo no sólo es un acto de solidaridad, también es una necesidad para alcanzar un mundo más pacífico, justo y sostenible.
