Toledo, 10 de junio de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que establece un sistema obligatorio para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, sin asegurar la financiación necesaria para acoger a 500 menores adicionales.
La consejera portavoz, Esther Padilla, comunicó esta resolución en una rueda de prensa, destacando que cuenta con el respaldo de un informe favorable del Consejo Consultivo. Este documento considera que la normativa fue aprobada «de manera unilateral», violando los principios de colaboración entre administraciones y vulnerando competencias autonómicas en la protección de menores.
Padilla enfatizó que “este decreto, aprobado sin diálogo y sin compensación económica, pone en grave peligro la garantía del interés superior de los menores”, añadiendo que para salvaguardar dicho interés son necesarios “medios y recursos adecuados”.
Garantizar una atención digna
La consejera subrayó que el Gobierno de García-Page apoya el principio de solidaridad en cuestiones relativas a la infancia, pero se opone a comprometer la atención digna de los menores, advirtiendo que esta normativa complica su gestión. “Brindar atención a 500 niños implica un costo de 26,6 millones de euros anuales solo para la Consejería de Bienestar Social”, explicó.
Este gasto incluye la necesidad de contar con instalaciones adecuadas y personal especializado, como trabajadores sociales y psicólogos. Sin embargo, como lamentó la consejera, “el Gobierno central no nos proporciona ni un euro”.
Extralimitación de las funciones del Estado
El informe emitido por el Consejo Consultivo resalta una “grave vulneración” del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. También señala que no se respetó el proceso de toma de decisiones establecido en la Conferencia Sectorial. “Este decreto excede las competencias del Estado”, agregó Padilla, cuestionando la validez del uso de un decreto-ley para regular derechos fundamentales que deberían ser abordados a través de una ley orgánica.
La consejera advirtió que el decreto “no asegura la igualdad en la atención”, trasladando competencias de la Unión Europea y España a las comunidades autónomas sin ofrecer soluciones efectivas. “Si se obligan a acoger a 500 menores más sin financiación, ¿a quién vamos a dejar de atender?”, se preguntó, expresando su preocupación por la posible normalización de discursos de odio.
Por último, Padilla dejó claro que el recurso se presenta como un acto de responsabilidad: “No recurrimos por falta de voluntad, sino porque actuar de forma inadecuada sería una falta de respeto hacia esos menores. Si se proporcionara la financiación necesaria, la situación sería diferente”.
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