Acuerdo de medidas de prevención de incendios en la cosecha tras reunión entre el Gobierno regional y organizaciones agrarias.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha está en conversaciones con las organizaciones agrarias profesionales para establecer medidas de prevención de incendios durante la temporada de cosechas debido a la situación de sequía en varios lugares de la Comunidad Autónoma, que ha resultado en más de 100 días sin lluvia y se espera que el verano sea muy difícil.

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se ha preparado un documento preliminar que establece algunas excepciones en el uso de maquinaria para las labores de recolección del cereal en vista de la resolución temporal de prevención de incendios en vigor desde el pasado jueves hasta el 31 de mayo.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado las medidas durante la Asamblea General Ordinaria de ASAJA Toledo. La reunión contó con la presencia de la presidenta de ASAJA Toledo, Blanca Corroto; el presidente de ASAJA nacional, Pedro Barato, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; y el diputado de Medio Ambiente y Medio Rural de la Diputación de Toledo, José Antonio Ruiz Cerdeño.

Martínez Guijarro ha enfatizado el esfuerzo para informar a diario sobre los Índices de Propagación Potencial de incendios a nivel municipal para que los agricultores estén al tanto con anticipación. Asimismo, ha asegurado que cuando el riesgo de incendio sea muy alto, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, se permitirán las labores de cosecha.

El próximo jueves se celebrará la Mesa de la Sequía de la región donde se discutirán las medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha para que la Unión Europea utilice los fondos europeos de Desarrollo Rural con el objetivo de implementar ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por los efectos de la sequía.

Por último, se ha mencionado la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de hacer más fácil las condiciones ambientales que se exigen a las explotaciones agrícolas y ganaderas para cumplir la Política Agraria Común (PAC), así como implementar ayudas a los sectores más afectados por la sequía y prever ayudas a cultivos leñosos.

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