La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará un juicio con tribunal de jurado contra tres hombres por el homicidio de J.M.S.G. ocurrido en octubre de 2020 en San Pablo de los Montes, Toledo.
Según el fiscal, los acusados conocían que la víctima vivía sola en su domicilio y era consumidora y vendedora de drogas. Los tres acusados se dirigieron al domicilio de la víctima, pero al negarse a entregarles la droga, M.T. le golpeó y estranguló hasta causarle la muerte, mientras que J.M.D. y J.M.S.G. esperaban en el coche.
Los acusados tenían una relación de amistad y vivían en una propiedad de J.M.D. en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real. J.M.D. había comprado droga a J.M.S.G. en varias ocasiones.
Los acusados sabían que la víctima podía tener drogas en su domicilio, por lo que acordaron entrar a su casa y robar las sustancias, utilizando la violencia si fuera necesario.
El día del crimen, los acusados se desplazaron en un coche hasta el domicilio de la víctima. M.T. y A.J.S.E. se bajaron del coche mientras J.M.D. se quedaba vigilando. M.T. entró en la casa de la víctima y, al negarse a darles la droga, le golpeó en la cabeza y luego le estranguló.
Después del crimen, M.T. salió de la casa y alertó a A.J.S.E., quien seguía vigilando desde el coche. Los tres acusados abandonaron San Pablo de los Montes en el coche y se dirigieron a Retuerta del Bullaque.
J.M.D. y A.J.S.E. se enteraron de lo sucedido en el camino de regreso a Retuerta del Bullaque, cuando M.T. les comunicó la muerte de J.M.S.G. al día siguiente.
Para deshacerse de pruebas relacionadas con el homicidio, J.M.D. entregó el coche en un taller mecánico a cambio de 200 euros.
M.T. se encuentra en prisión provisional, mientras que J.M.D. y A.J.S.E. fueron puestos en libertad sin fianza.
El fiscal acusa a M.T. de homicidio y a J.M.D. y A.J.S.E. de complicidad. Solicita una pena de 15 años de prisión para M.T. y nueve años para J.M.D. y A.J.S.E. Además, pide que M.T. indemnice a los hermanos de la víctima con 50.000 euros, que serán responsabilidad solidaria de J.M.D. y A.J.S.E. en caso de no poder pagar.
En caso de una condena superior a cinco años de prisión, el fiscal solicita la aplicación del período de seguridad, que impide que los condenados sean clasificados en tercer grado penitenciario hasta cumplir al menos la mitad de la pena.
