El juicio programado para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo contra F.A.M., exdirector de la sucursal de la extinta Caja Castilla-La Mancha en Las Herencias, ha sido suspendido debido a la renuncia de su abogado defensor. Este proceso legal iba a examinar la acusación de apropiación indebida de fondos de 37 clientes, delito que podría conllevar una pena de seis años de prisión y una indemnización a la entidad que superaría los 1,7 millones de euros.
La vista, que estaba prevista para dar inicio a las 10:00 horas, ahora queda a la espera de una nueva fecha, según informaron fuentes judiciales a Diario CLM. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha detallado que los hechos presuntamente delictivos se habrían llevado a cabo entre enero de 2000 y febrero de 2013. En este periodo, el acusado habría abusado de la confianza de los vecinos de Las Herencias, extrayendo dinero de las cuentas de los clientes sin su autorización con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito.
Para perpetrar estas acciones, F.A.M. habría conseguido firmas en documentos en blanco que utilizaba como soporte interno para retirar dinero de las cuentas. Además, no entregaba justificantes a los clientes por los ingresos en efectivo que realizaban en la entidad. En varias ocasiones, cuando los clientes solicitaban confirmaciones de saldos o justificantes de operaciones, el acusado proporcionaba libretas mecanografiadas y documentos manipulados que llevaban el sello y la firma del banco.
Los cargos en su contra incluyen un delito continuado de apropiación indebida, falsedad en documentos mercantiles y un delito continuado de estafa, en relación con la falsedad de documentos mercantiles. Por este motivo, el Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, y 12 meses de multa con una cuota diaria de doce euros, además de las costas del proceso. En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado debería indemnizar a Liberbank con más de 1,7 millones de euros por las cantidades que aún no se han liquidado a las víctimas.
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