El destacado jurista y Doctor en Derecho, Rafael Santiago Larriba, ha sido reelegido como presidente del Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) en Castilla-La Mancha, extendiendo su liderazgo hasta 2029. Además de su papel como secretario del Ayuntamiento de Horche y vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Estatal del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, Santiago se embarca en esta nueva etapa con un compromiso renovado para asegurar la cobertura de todos los puestos clave en la comunidad autónoma y defender el sistema de habilitación nacional en España.
Los recientes comicios internos en junio reafirmaron el respaldo de sus colegas, lo que Santiago interpretó como una señal de confianza hacia su gestión, comprometiéndose a mantener altos estándares de responsabilidad. En el horizonte, uno de sus principales objetivos es la conmemoración del centenario del Colegio Nacional de Secretarios, una valiosa oportunidad para ensalzar la contribución de este colectivo.
Dentro de sus metas prioritarias, Santiago se propone optimizar la prestación de servicios en toda Castilla-La Mancha, potenciar la formación de los funcionarios y adaptarse a la próxima Ley de Simplificación Administrativa, Transparencia y Administración Digital de la Junta de Comunidades. Esta legislación tiene un impacto previsto en el control urbanístico ejercido por los municipios, demandando un profundo entendimiento y aplicación desde las esferas locales.
Entre las acciones estratégicas, también destaca la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha y el Gobierno Regional, específicamente en la organización de pruebas selectivas para habilitados nacionales en Toledo, un paso crucial para fortalecer la presencia de estos profesionales. Asimismo, se prevé continuar el trabajo conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha mediante las Jornadas de Urbanismo en la facultad de Derecho y cursos especializados.
En un plano más extenso, se busca asegurar que las funciones de estos roles esenciales se lleven a cabo con eficacia en todos los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación. Santiago subraya la necesidad de fortalecer las relaciones institucionales, particularmente con la Junta de Comunidades y otros colegios profesionales en el ámbito urbanístico.
Frente a las propuestas de autonómica respecto al modelo de habilitación, Santiago manifiesta su preocupación, argumentando que el modelo nacional es vital para mantener la legalidad y objetividad en la administración pública, aspectos que han sido fundamentales para el progreso hacia una mayor transparencia en los ayuntamientos españoles.
Finalmente, Santiago destaca el rol esencial del colectivo de habilitados nacionales en la gestión de fondos europeos y el cumplimiento de las normas fiscales de la UE. Aboga por la preservación del modelo estatal para asegurar la independencia y eficiencia del sistema, previniendo la fragmentación derivada de una posible descentralización. Según él, es crucial mantener este perfil estatal para asegurar la cohesión y el interés general en la gestión pública.
