martes, 15 octubre 2024

Plena inclusión Castilla-La Mancha y Futucam convocan una mesa redonda para examinar y discutir la Ley 8/2021

En el marco del proyecto ‘Yo, mis derechos y mis apoyos: impacto de la ley 8/21 en el apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual (PDI)’, promovido por Plena inclusión Castilla-La Mancha y Futucam, con la colaboración de la Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, se llevó a cabo una tertulia en la store de la entidad bancaria ubicada en Toledo, titulada “¿Cómo nos afecta la Ley 8/21?”.

La Ley 8/2021, en vigor desde septiembre de 2021, reforma la legislación civil y procesal con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, permitiendo que las personas con discapacidad intelectual tomen sus propias decisiones de manera autónoma. Sin embargo, es crucial que los profesionales involucrados en la implementación de la ley incorporen valores y conocimientos para garantizar una verdadera transformación hacia un entorno más inclusivo y equitativo.

En la tertulia participaron Javier García López, juez en el Juzgado de Instrucción Nº3 de Toledo; María Paloma Zaldó Pérez, notaria en Tomelloso, Ciudad Real; Arancha Arroyo Sánchez, persona con discapacidad beneficiada por la ley y miembro de Futucam y Amiab en Ciudad Real; Pilar Velasco, profesional del ámbito social y madre de un joven con autismo en Toledo; y Sergio Rodríguez, coordinador del Área Social de Futucam.

El objetivo del proyecto ‘Yo, mis derechos y mis apoyos’ es promover la transformación mental y social necesaria para que los agentes involucrados en la aplicación de la ley reflejen de manera efectiva su espíritu en su trabajo diario. Se han diseñado actividades y se creará un Observatorio regional para recopilar datos sobre la aplicación de la Ley 8/21. Además, se llevará a cabo un encuentro autonómico, formación para profesionales del ámbito jurídico y la creación de una página web con herramientas y acceso al Observatorio.

Con esta iniciativa, las entidades involucradas reafirman su compromiso con la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, fomentando un cambio real en la forma en que se aborda la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

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