El Ayuntamiento de la ciudad ha dado luz verde a una nueva normativa que regula los cerramientos de terrazas con cristaleras. La medida, que afecta directamente a los propietarios interesados en realizar este tipo de modificaciones, establece que será indispensable contar con el permiso de la comunidad de propietarios antes de proceder. De no cumplir con este requisito, los dueños deberán hacerse responsables de los gastos de desmantelamiento de las estructuras.
Este cambio responde al incremento de quejas por parte de vecinos descontentos con los cerramientos no autorizados, que alteran la estética de los edificios y pueden generar tensiones en la convivencia vecinal. La normativa estipula que solamente se podrán efectuar cerramientos con un proceso formal de aprobación por parte de la comunidad.
Las sanciones para quienes ignoren la nueva ley no solo incluirán multas económicas, sino también la obligación de cubrir el coste del desmontaje, una carga que puede ser considerable. Según el Ayuntamiento, esta regulación es clave para asegurar el orden y el respeto a las normas de convivencia en los complejos habitacionales.
El apoyo a esta medida ha sido evidente entre numerosas comunidades de propietarios, que ya han experimentado problemas debido a cerramientos no autorizados. Representantes de una asociación de vecinos resaltan la importancia de preservar el derecho a una convivencia armoniosa y al mantenimiento de la estética del entorno.
No obstante, la normativa también ha generado opiniones encontradas. Algunos propietarios consideran que los cerramientos de terrazas les ofrecen bienestar y se alinean con las tendencias modernas del diseño urbano. A pesar de ello, el Ayuntamiento recuerda que existen formas legales de llevar a cabo estos proyectos, siempre y cuando se respeten los procedimientos establecidos.
Se prevé que en las próximas semanas la normativa entre en vigor, marcando un cambio en la manera de gestionar los cerramientos de terrazas. La medida busca fomentar una colaboración más estrecha entre vecinos y asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias.
