Toledo, 15 de abril de 2025.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha dado a conocer hoy la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de la región, cuyo proyecto fue ratificado en las Cortes regionales el pasado 10 de abril.

Durante el debate parlamentario, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, destacó que este proyectos de ley es “en beneficio de toda la ciudadanía”.

Asimismo, Ruiz Molina subrayó que esta es la décima iniciativa presentada por el Gobierno del presidente Emiliano García-Page en la actual legislatura. Con su aprobación, se implementan diversas modificaciones normativas que afectan a varias consejerías y organismos autónomos dentro de la Administración regional.

Esta iniciativa tiene dos propósitos principales. El primero es fortalecer las políticas sociales en áreas como educación, cultura, servicios sociales y empleo público. El segundo objetivo es proporcionar mayor seguridad jurídica a determinadas acciones de la Administración regional, que abarca aspectos presupuestarios, patrimoniales, gestión documental, asesoría jurídica y el ámbito del juego.

Acciones para fortalecer políticas sociales y garantizar seguridad jurídica

La Ley de Medidas Administrativas y Tributarias incluye un conjunto de acciones diseñadas para fortalecer las políticas sociales. Esto incluye enmiendas a la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, a la Ley de Participación Social en la Educación, y a la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia. En el sector cultural, se ha cambiado el nombre de la Ley de Mecenazgo Cultural por la de Mecenazgo Cultural y Deportivo de Castilla-La Mancha.

Además, se han introducido medidas dirigidas a garantizar una mayor seguridad jurídica para las consejerías y organismos, a través de modificaciones en la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, la Ley del Patrimonio Cultural, la Ley de Ordenación del Servicio Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades, y la Ley de Integridad Pública de la región.