La moratoria sobre las macrogranjas porcinas, vigente desde 2022 hasta 2024, concluirá el 31 de diciembre de 2024. Esto permitirá a la Junta reanudar las autorizaciones para la creación de nuevas macrogranjas y la expansión de las ya existentes, incluyendo aquellos proyectos cuya tramitación se había detenido. Ante la inminente reactivación de estos proyectos de ganadería industrial, los vecinos de las áreas afectadas han organizado una concentración el 2 de enero a las 12:00 frente al Palacio de Fuensalida, la sede del gobierno regional, para manifestar su rechazo a estas iniciativas.
El levantamiento de la moratoria, junto con un nuevo paquete legislativo, ha motivado a los ciudadanos a unirse en esta protesta. Los vecinos temen que se favorezca el crecimiento desmesurado de estas explotaciones industriales que, según argumentan, perjudican el mundo rural. Advierten que “en lugar de generar un tejido económico local o estabilizar la población, la producción industrial de carne compromete la calidad de vida en las localidades: provoca malos olores, problemas de salud pública, y contamina el agua y los suelos, que sufren excesos de nitratos”.
El efecto atrayente del biogás para más macrogranjas
Las macrogranjas y las grandes instalaciones de biogás-biometano están estrechamente vinculadas, ya que estas últimas dependen de los purines generados por las macrogranjas. Para los residentes de la región, es evidente que la llegada de plantas de biogás incentivará la apertura de más macrogranjas, además de causar molestias y riesgos ambientales para la comunidad. Un ejemplo es una planta de biogás en Lluxent, Valencia, que a pesar de recibir un galardón por su calidad, continúa causando molestias a los vecinos y ha enfrentado incidentes como un incendio reciente.
La inquietud entre los vecinos crece tras una reunión mantenida en octubre con responsables de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que afirmaron que la ganadería industrial aún tiene un gran potencial de expansión en la región, citando a Cataluña y Aragón como ejemplos a seguir. Estas declaraciones han sido calificada por los colectivos vecinales como “extremadamente alarmantes”, ya que la Consejería encargada de la protección ambiental promueve el aumento del censo porcino en Castilla-La Mancha, incluso tomando como modelo a Cataluña, donde el 45% de los municipios ha sido declarado vulnerable a la contaminación por nitratos originados en la agricultura.
Creciente resistencia comunitaria
La oposición a los proyectos de ganadería industrial es cada vez más sólida y generalizada. “Nadie debería sacrificar la calidad de vida en su comunidad por un proyecto de macrogranja o macroplanta de biogás que no beneficia al pueblo”, señala Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial.
En Castilla-La Mancha, varios proyectos de plantas de biogás han sido rechazados gracias a la movilización vecinal en localidades como Almansa, Fuentealbilla, Albacete (Polígono Romica), Iniesta, Quintanar de la Orden, Caudete, Corduente y Lucillos. Sin embargo, desde la Junta de Comunidades se observa una clara intención de fomentar esta industria, como lo demuestra su plan de biometanización, que prevé la construcción de hasta 280 plantas.
Inma Lozano sostiene: “Las políticas implementadas por nuestras autoridades nos llevan a la despoblación y a un futuro ambiental incierto. Primero, crearon el problema de la ganadería industrial, conscientes de su impacto; ahora, nos ofrecen una solución ilusoria con el biogás. Sin embargo, los milagros no existen, y seguiremos enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Por eso nos concentramos en Toledo, para expresar nuestra oposición y demostrar que nuestros pueblos tienen futuro, y no permitiremos que nos condenen con estos proyectos perjudiciales para nuestra salud y nuestro entorno.”
La información original sobre la protesta de los vecinos afectados por las macrogranjas en Toledo el 2 de enero fue publicada inicialmente en Diario de Castilla-La Mancha.
