El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su respeto hacia la Diputación de Alicante, la cual presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y disminuye los caudales del trasvase al Segura. Sin embargo, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su desacuerdo «total» con dicha postura y ha destacado que la región tiene «la razón» en este asunto.
El consejero ha recordado que el Gobierno de España está cumpliendo cinco sentencias del TS que son firmes y que obligan a aplicar caudales ecológicos en la planificación del río Tajo. Además, ha subrayado la importancia de que se hayan considerado los intereses de la España interior, de la población que habita en el Alto Tajo, Toledo y toda la cuenca. Por primera vez, la cuenca cedente ha sido la verdaderamente prioritaria, protegiendo los intereses de la España interior por donde circula el agua.
El artículo original se puede encontrar en Diario de Castilla-la Mancha.