La Policía Nacional ha calculado que alrededor de 5.000 personas están participando en una rave que comenzó la noche del 31 de diciembre en las cercanías del aeropuerto de Ciudad Real. Este evento, que en ediciones pasadas se celebró en provincias como Murcia y Granada, ha atraído a los asistentes en más de 1.500 vehículos, mayormente furgonetas camper y autocaravanas, según confirmó David Broceño, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.
Para asegurar la seguridad de este macroevento, se ha implementado un operativo que cuenta con la presencia de 170 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes se están asegurando de que la fiesta se desarrolle con la “máxima seguridad, tranquilidad y normalidad”. Broceño también anunció el refuerzo del dispositivo con el envío de una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desde Madrid, así como varias dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Toledo.
Aunque la rave no cuenta con autorización legal, su gran tamaño ha suscitado un notable interés en la región, tanto por el despliegue policial como por la cobertura mediática que ha recibido. Los organizadores han utilizado el extenso espacio del aeropuerto, donde han montado equipos de sonido y otras estructuras improvisadas.
En cuanto a un posible desalojo del recinto, Broceño ha indicado que esta acción no se contempla por el momento debido al alto número de asistentes. “Desalojar un espacio con 5.000 personas puede ser complicado”, afirmó, aunque destacó que se actuará si se recibe una orden judicial. Su principal objetivo es garantizar que el evento se lleve a cabo sin incidentes.
Sobre la duración de la rave, el subdelegado sugirió que podría prolongarse entre seis y siete días, en función de la duración de ediciones anteriores.
Por otro lado, la empresa que administra el aeropuerto, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha interpuesto una denuncia contra los organizadores por ocupación ilegal de sus instalaciones. Broceño mencionó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando el caso, que será trasladado a los juzgados en un plazo máximo de 72 horas. También se prevén posibles sanciones administrativas para los organizadores y asistentes, las cuales podrían ser impuestas por la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en función de sus competencias.
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