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El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha instado a la nacionalización total de Red Eléctrica Española, argumentando que debe estar completamente bajo control del Estado para garantizar las inversiones necesarias en el sector. Durante una manifestación del 1 de mayo en Toledo, Santiago enfatizó que la búsqueda de beneficios no debería comprometer la inversión en infraestructuras ni poner en peligro la seguridad del suministro eléctrico.
Ante preguntas de los medios sobre las responsabilidades tras el reciente apagón, anunció la inminente aprobación de una comisión parlamentaria de investigación que abordará el tema en el Congreso la próxima semana. "Es fundamental investigar lo ocurrido, y una vez que tengamos la información, lo primordial es tomar medidas para evitar su repetición. Un control público estricto es la mejor garantía", afirmó Santiago.
El diputado destacó la necesidad de que las empresas eléctricas operen bajo un marco de control público, considerándolo esencial para avanzar hacia un sector energético que beneficie a toda la sociedad y para enfrentar las tensiones comerciales internacionales, como las originadas durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Santiago también criticó la posible falta de inversión del sector privado y subrayó que, si ha habido irresponsabilidad en la gestión, también debe ser objeto de revisión. Reiteró la importancia del control público no solo sobre Red Eléctrica, sino sobre todo el sector energético, resaltando que la transparencia en la información es esencial. "Si las empresas no están dispuestas a compartir datos relevantes, las autoridades deben intervenir para garantizar que esto no vuelva a suceder", afirmó.
Además, el portavoz de IU expresó su preocupación por la reciente oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. Santiago manifestó su temor por la posible pérdida de empleos, señalando que, históricamente, las fusiones bancarias tienden a tener un impacto negativo en el empleo, especialmente en áreas vulnerables a la despoblación.
"Estamos muy preocupados por la reducción de oficinas en zonas rurales y la eventual desatención de estas regiones. Si los servicios continúan desapareciendo y tanto el Estado como las empresas no refuerzan su presencia en estas áreas, la despoblación no solo no se detendrá, sino que se incrementará", advirtió. Añadió que la concentración bancaria podría resultar en un oligopolio, lo que representaría un riesgo para la diversidad y la competencia en el sector financiero.
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