Toledo, 10 de enero de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su contundente rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que esta alternativa “dejará a la región con una financiación que se situará por debajo de la media de las comunidades autónomas”. En una conferencia de prensa, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, subrayó que la situación financiera actual de Castilla-La Mancha es en gran medida el resultado de un modelo obsoleto que no ha evolucionado con esta nueva propuesta.
Ruiz Molina destacó que, de acuerdo con la información disponible, “la región seguirá teniendo una financiación inferior a la media”. Remarcó que mientras algunas comunidades, como Cataluña, se beneficiarán de este nuevo modelo, otras se verán perjudicadas. “Cataluña obtendrá mejoras sustanciales a expensas de las demás comunidades”, afirmó.
El consejero criticó también la falta de claridad y detalles por parte del Ministerio, argumentando que la evaluación del Ejecutivo regional se ha basado en artículos de prensa y declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta escasez de información específica ha complicado un análisis más exhaustivo de la propuesta.
Una de las críticas más severas de Ruiz Molina fue hacia el proceso de consenso que llevó a este modelo, el cual, según él, fue negociado exclusivamente con los independentistas catalanes. “Este modelo ha sido acordado por una única comunidad autónoma, por lo que no puede reflejar el interés general. Solo responde a los intereses de Cataluña”, enfatizó. Argumentó que, si Castilla-La Mancha hubiera estado en la discusión, se habrían presentado demandas y soluciones que reflejaran sus particulares necesidades.
Sobre el modelo en sí, Ruiz Molina lo describió como más una “metodología para fraccionar la riqueza nacional” que un mecanismo capaz de asegurar una financiación adecuada para los servicios que gestionan las comunidades autónomas. “Este modelo es regresivo, ya que consagra el principio de ordinalidad, favoreciendo a quienes tienen mayor capacidad tributaria, en detrimento de aquellos con menos recursos”, añadió.
Según el consejero, el principio de ordinalidad implica que las comunidades con mayor capacidad económica recibirán más fondos, lo que perpetúa las desigualdades en la prestación de servicios públicos. De este modo, las regiones con menor capacidad tributaria quedan en desventaja al ofrecer sus servicios.
Ruiz Molina también denunció que este modelo disminuye la solidaridad interregional, concentrando más financiación en territorios con mayor renta per cápita, generando una situación de desigualdad que contradice el principio de equidad que debería regir la financiación autonómica. “La meta es que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos en condiciones de igualdad, sin importar su capacidad económica”, concluyó, calificando el modelo como “claramente regresivo”.
Con estas declaraciones, el Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica y su compromiso por un sistema más justo que garantice una distribución equitativa de los recursos. Las próximas semanas serán decisivas para el debate sobre esta controvertida propuesta que afecta a todas las comunidades autónomas.
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