El próximo martes, 18 de marzo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real dará inicio al juicio contra cuatro hombres acusados de secuestrar a un individuo durante más de diez horas, exigiéndole 2.500 euros como supuesta compensación por una deuda. Este proceso judicial, que iba a celebrarse en junio del año pasado, fue aplazado debido a la ausencia del abogado del principal acusado, quien se encontraba de baja.
Los hechos que se analizarán en el juicio ocurrieron en marzo de 2020. Según el informe de la acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro imputados obligaron a la víctima a subirse a un vehículo, donde le robaron 300 euros que llevaba consigo. Durante este tiempo, le hicieron amenazas graves, advirtiéndole que lo matarían y arrojarían su cuerpo a un pozo si no cumplía con su exigencia de dinero.
Los presuntos secuestradores trasladaron a la víctima al Parque Forestal de La Atalaya, continuando con las amenazas, y luego lo llevaron a un cajero automático de un banco para intentar retirar el dinero solicitado. Sin embargo, no pudo realizar la operación debido a que no contaba con saldo suficiente en su cuenta. Posteriormente, lo llevaron a una vivienda donde lo mantuvieron cautivo hasta la apertura del banco, prevista para las 8:30 horas.
En el banco, uno de los acusados solicitó a la empleada que le entregara 2.500 euros, pero la transacción fue rechazada. Al observar el comportamiento inusual del acusado, la directora del banco sospechó que algo no estaba bien. A pesar de que el acusado le pidió que llamara a la policía, la víctima le instó a no hacerlo y se marchó nuevamente con sus captores.
Los acusados transportaron a la víctima de regreso a La Atalaya y, posteriormente, a otra entidad bancaria en la calle Toledo. En este último lugar, la víctima logró pedir ayuda al director y activó la alarma, lo que llevó a la llegada de la policía.
En vista de estos acontecimientos, la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre cuatro años y seis meses de prisión para dos de los acusados por detención ilegal y robo con violencia e intimidación. Los otros dos imputados enfrentan una pena de cinco años de prisión, debido a un agravante de reincidencia.
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