La decisión de la Audiencia Nacional de bloquear de forma cautelar la aplicación de mensajería Telegram en España ha suscitado una ola de críticas por parte de expertos jurídicos y asociaciones de derecho digital, quienes han calificado la medida de «desproporcionada» y «sin sentido». Borja Adsuara, destacado experto en el ámbito digital, ha expresado para ABC que «La medida es totalmente desproporcional», reflejando el sentimiento generalizado entre la comunidad legal.
Las asociaciones señalan que el uso del artículo 141 de la Ley de Protección Intelectual por parte del juez Santiago Pedraz resulta incomprensible, ya que este artículo está previsto para situaciones en las que el servicio de una aplicación se dedica exclusivamente a la piratería. Además, anticipan que durante la próxima semana se presentarán numerosas reclamaciones judiciales contra el Estado por parte de diversas empresas y organizaciones afectadas por esta decisión.
La controversia se acentúa al considerar la afectación a figuras públicas como Alvise Pérez, cuyo canal en Telegram es uno de los más influyentes y virales de España. El cual acaba de abrir otro canal en Whatsapp hace unas horas. La medida, por tanto, no solo cuestiona la libertad de expresión, sino que también impacta directamente en la difusión de información crucial en períodos electorales.
Es importante destacar que hasta la fecha, solo países como China, Pakistán, Irán, Corea del Norte y ahora España, han implementado bloqueos a Telegram. Este hecho coloca a España en una posición comparativa con regímenes que ejercen una censura estricta sobre el acceso a la información.
Además, el bloqueo ocurre en un contexto pre-electoral, justo 77 días antes de las elecciones europeas, afectando la principal plataforma de Alvise Pérez, conocido por su programa contra la corrupción en diversos ámbitos del país. Esto ha llevado a anunciar una movilización masiva contra la censura el próximo 9 de junio.
Ante la posibilidad de que el bloqueo se efectúe en las próximas horas, se ha recomendado a los usuarios en España eliminar la app y descargarla directamente desde la página oficial de Telegram, evitando así las versiones de Apple o Google Play, que podrían estar sujetas a restricciones impuestas por orden judicial. Además, se ha proporcionado información sobre cómo configurar proxies para sortear posibles filtros y mantener el acceso a Telegram.
Esta medida, percibida como un ataque directo a la libertad de expresión y privacidad, ha generado un precedente preocupante en el país, abriendo el debate sobre los límites de la censura y la protección de los derechos digitales de los ciudadanos. La comunidad internacional, así como los usuarios y defensores de la libertad en Internet en España, aguardan con expectativa los desarrollos futuros de este controvertido caso.
