El miércoles 19 de marzo, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) se reunirá con representantes de la Consejería de Bienestar Social para abordar la gestión del acogimiento residencial de menores y las implicaciones legales derivadas del reciente fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Este fallo ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha está «incumpliendo» el convenio colectivo de los trabajadores en estos centros.
Ana Delgado, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla-La Mancha, dio a conocer la cita durante una concentración organizada por el sindicato junto a UGT, en la que se condenó el asesinato de una educadora en un piso destinado a menores bajo medidas judiciales en Badajoz.
Delgado expresó su expectativa de reunirse con Inmaculada Tello, directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social, para conocer cómo se implementará la solución tras el fallo judicial. La representante de CCOO enfatizó la importancia de que la administración regional cumpla con las condiciones económicas y laborales establecidas en el convenio colectivo para los profesionales que trabajan en el sistema de menores de Castilla-La Mancha.
“Queremos saber qué medidas adoptará la Consejería de Bienestar Social, ya que las ratios y retribuciones están fijadas en el convenio colectivo”, declaró Delgado. El Tribunal de Recursos Contractuales ha respaldado a CCOO después de que se presentara un recurso que denunciaba la falta de atención a la legislación vigente y las directivas europeas aplicables a este convenio.
La líder sindical exigió una mejora notable en los salarios de los trabajadores del sector, pidiendo un incremento del 35% para los profesionales de protección y del 20% para aquellos en centros de medidas judiciales de régimen abierto. Además, Delgado subrayó que la actual situación de contratación, que permite que un único auxiliar permanezca en un centro, es inaceptable, instando a que el personal cuente con el respaldo adecuado.
En la región, hay alrededor de 550 trabajadores distribuidos en 60 centros, de los cuales 150 se encuentran en Toledo. Según Ana Delgado, CCOO representa el 60% del sector. La representante sindical insistió en que el cumplimiento del convenio colectivo en el contexto de los conciertos sociales debe ser responsabilidad de las empresas y pidió a la Junta que aplique sanciones a aquellas que no lo respeten.
Por su parte, Estrella Fernández de UGT subrayó la importancia del tema y afirmó que el sindicato está dispuesto a explorar cualquier mecanismo que la administración proponga para mejorar las condiciones laborales en los centros de protección y atención. “Es fundamental resolver esta situación, pero también es relevante cómo se lleva a cabo”, comentó Fernández, señalando que, a pesar de la externalización, la responsabilidad recae en la Junta, dado que los trabajadores realizan una labor esencial para la infancia y la adolescencia.
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