Toledo, 26 de noviembre de 2025.- El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras, en vigor desde 2019, a la legislación estatal y europea, especialmente en lo relacionado con el régimen sancionador. Así lo ha declarado la consejera y portavoz, Esther Padilla, quien destacó que este es un paso necesario para reforzar la protección de las personas compradoras y usuarias en Castilla-La Mancha.

En los últimos años, la normativa básica estatal ha sufrido cambios significativos, especialmente en cuanto al régimen sancionador, lo que ha dejado desajustada la regulación autonómica. Para evitar discrepancias, la Comunidad Autónoma ha decidido armonizar su legislación. Sin embargo, Padilla enfatizó que “lo más relevante es que esta reforma mejora la normativa autonómica, ya que aclara situaciones conflictivas que, en ocasiones, las leyes generales dejan abiertas a interpretación”.

La portavoz explicó que la regulación estatal utiliza términos como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden generar confusión en caso de discrepancias. “¿Qué se entiende por información suficiente? ¿Cuándo se considera que la atención ha sido deficiente?”, se cuestionó. Aclaró que con esta reforma se elimina esa ambigüedad, al detallar situaciones específicas como la falta de entrega de hojas de reclamaciones, la ausencia de presupuestos por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previa notificación o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones conocidas que, al ser recogidas expresamente, garantizan una mayor protección y permiten sanciones más rápidas”, afirmó.

Además, se ha destacado el fortalecimiento de los criterios sancionadores frente a abusos graves, continuó Padilla. La norma ahora define con mayor precisión qué constituye una infracción grave o muy grave. “Incluimos ejemplos específicos, como cortes injustificados de servicios básicos o aumentos abusivos de precios en situaciones de emergencia. Esta especificidad supera la normativa estatal o europea, ya que consideramos que la seguridad jurídica requiere exactitud”, subrayó la portavoz.

La modificación también mantiene sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, suspensión de actividades o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia. Padilla destacó la efectividad de estas medidas para combatir comportamientos abusivos. “Son herramientas que contribuyen a prevenir prácticas perjudiciales para la ciudadanía, aunque en la normativa estatal no siempre hay tal claridad”, agregó.

Asimismo, la reforma incluye un conjunto de mejoras que buscan reforzar la seguridad jurídica, eliminando ambigüedades y definiendo con precisión los conceptos que determinan la existencia de una infracción. “Ahora está claramente estipulado qué se considera una infracción y qué sanción aplica, lo que elimina dudas en los tribunales y refuerza la protección de las personas consumidoras”, comentó.

En conjunto, esta modificación establece un marco autonómico más claro y utilizable. “Hemos actualizado el manual de derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, eficaz y funcional. Nuestro objetivo es una Administración que proteja y elimine lagunas y contradicciones”, concluyó Esther Padilla.