Toledo, 5 de marzo de 2025.- El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha validado el decreto que establece el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con las interrupciones voluntarias del embarazo, “cumpliendo así con lo estipulado por la reforma de la ley del aborto que fue aceptada en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023”, ha comentado hoy la consejera y portavoz, Esther Padilla.

Padilla ha explicado a los medios que esta normativa se orienta principalmente a los profesionales médicos y de enfermería, tanto en el sector público como en el privado, quienes son los directamente involucrados en los procesos de interrupción voluntaria del embarazo.

El objetivo principal del decreto es la creación y regulación de este registro para los profesionales sanitarios, así como establecer el protocolo para la declaración de objeción de conciencia. Esta declaración, según ha precisado Padilla, deberá ser presentada de forma previa y por escrito por cualquier profesional sanitario que no desee realizar este tipo de intervención, y deberá hacerse de manera individual ante la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia.

Este procedimiento se llevará a cabo a través de un envío telemático utilizando el formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que puede consultarse en: http://www.jccm.es.

La portavoz del Gobierno regional ha subrayado que el registro estará sujeto al principio de estricta confidencialidad y cumplirá con la normativa de protección de datos personales. Además, ha aclarado que “solo las direcciones de cada Gerencia conocerán qué médicos se han registrado como objetores de conciencia; uno de los propósitos es precisamente facilitar un listado que permita saber cuántos médicos y enfermeras están disponibles para realizar interrupciones de embarazo”.

La declaración de objeción de conciencia tendrá una validez indefinida y podrá ser modificada o revocada en cualquier momento. Esta normativa entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que se prevé para “el viernes o el próximo lunes”, ha concluido la consejera.