Toledo, 14 de diciembre de 2025
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han firmado un acuerdo de colaboración para establecer mecanismos efectivos de coordinación y actuación en la atención a personas con enfermedad mental en proceso judicial o en riesgo de judicialización.
Este convenio busca formalizar la colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Tribunal Superior de Justicia, con el fin de implementar las medidas adecuadas para el tratamiento de personas con trastornos mentales que hayan interactuado con el sistema judicial o que puedan estar en riesgo de cometer delitos.
Desde 2013, ambas instituciones han trabajado juntos a través de Comisiones de Análisis de Casos, que reúnen a expertos y responsables de los ámbitos judicial, social y sanitario, así como de instituciones penitenciarias y asociaciones de pacientes. Estas comisiones se encargan de evaluar casos específicos, compartir información, buscar estrategias de intervención, dar seguimiento y solucionar casos, a la vez que identifican deficiencias en la red de atención.
Entre los objetivos se destaca la mejora en la comunicación entre las administraciones mediante el intercambio de recursos e información, lo que redundará en un mejor apoyo a personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o adicciones.
Además, el acuerdo busca fomentar un trabajo conjunto que potencie la integración social de aquellos individuos que, a causa de un trastorno mental, discapacidad o adicción, se encuentren en un proceso judicial.
Asimismo, se fortalecerán las estrategias de prevención implementadas por la CACS para, a través de la detección temprana y la adecuación de programas de tratamiento, reducir el riesgo de judicialización para aquellos con problemas de salud mental.
Finalmente, se prevé la elaboración de protocolos de actuación conjunta, destacando uno enfocado en mejorar la reinserción social de personas con enfermedad mental al finalizar su condena y asegurar su seguimiento en el ámbito comunitario. También se busca incrementar la difusión de estas comisiones entre los profesionales de las administraciones implicadas, lo que permitirá valorar un mayor número de casos y desarrollar protocolos para situaciones similares, así como herramientas para proporcionar una atención integral.
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