Toledo fue el punto de encuentro para una reunión crucial encabezada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, enfocada en la nueva planificación hidrológica que abarcará el periodo 2028-2033. Este evento es clave para el futuro del regadío en la región, dado que la gestión del agua es esencial para la agricultura, ganadería y la industria agroalimentaria local.
En el encuentro, participaron diversos representantes del sector agrario y comunidades de regantes, así como funcionarios de la administración regional. Entre los presentes se encontraban el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, y el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, junto a otros líderes del ámbito agrario.
Durante la reunión, se manifestaron las preocupaciones del sector ante el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre en las concesiones y la necesidad de una planificación basada en datos precisos. Los asistentes insistieron en la importancia de una gestión diferenciada del agua, evitando recortes uniformes que ignoren las particularidades de cada cuenca.
Martínez Lizán destacó la relevancia de un modelo de regadío que sea social, productivo y sostenible, subrayando que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad en superficie de regadío en España y una de las más eficientes en su uso. Actualmente, el 70% de los regadíos en la región se realizan con sistemas de riego localizado, lo que permite un aprovechamiento eficaz del agua.
Las discusiones se centraron en la Cuenca del Segura y la Cuenca del Júcar, que impactan directamente a la provincia de Albacete. En la Cuenca del Segura, se resaltó la desigualdad en la distribución del agua; aunque la provincia representa el 25% de la superficie de la cuenca, solo recibe el 10% del agua disponible, lo que pone en riesgo la actividad agrícola y la sostenibilidad de los municipios que dependen de esta cuenca. Los regantes pidieron diferenciación en el regadío de cultivos leñosos y una revisión de las actividades sobre masas de agua.
Respecto a la Cuenca del Júcar, se considera fundamental para Castilla-La Mancha, ya que el 71% de su superficie pertenece a la comunidad. Sin embargo, hay inquietudes acerca de un posible recorte del 35% en las concesiones y la necesidad de gestionar el recurso hídrico de forma equilibrada, ante el aumento de consumo en áreas costeras.
Los representantes de ambas cuencas coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras y fomentar una verdadera cogestión entre las administraciones y los regantes. También se abordó la urgencia de realizar inversiones que mejoren la infraestructura hídrica y garanticen la salud del acuífero.
Ante los retos planteados por la Directiva Marco del Agua, el Gobierno regional está evaluando cómo responder jurídica y administrativamente. El consejero de Agricultura enfatizó que Castilla-La Mancha apoya una normativa que no ponga en peligro la viabilidad del medio rural. En este contexto, se ha abierto un proceso de alegaciones, que permitirá la participación activa de todos los actores implicados en la gestión del agua.
