Tres individuos han sido capturados por la Guardia Civil de Ciudad Real en una operación autorizada por la Fiscalía Europea contra el fraude a la Política Agraria Comunitaria (PAC). Los investigados enfrentan cargos por delitos como estafa, falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capital y fraude a la Hacienda de la Unión Europea.
La investigación, llamada Timallus, fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil con el objetivo de esclarecer diferentes actividades ilícitas llevadas a cabo por este grupo delictivo, incluyendo el fraude a las subvenciones proporcionadas por la Unión Europea a través de la PAC. La investigación fue iniciada gracias a información proporcionada por ciudadanos sobre agricultores que estaban recibiendo la ayuda de forma fraudulenta.
Se identificó a una persona y una empresa que habían solicitado ayudas directas PAC en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, presentando numerosas anomalías e irregularidades. Además, se detectó un aumento desorbitado en el número de hectáreas y de subvenciones solicitadas, pasando de recibir una cantidad de 2.000 euros en 2018 a más de 40.000 en 2020.
La investigación concluyó que se trataba de una organización criminal estructurada, formada por al menos tres personas y cinco empresas que operaban en diferentes provincias de España, incluyendo Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia y Madrid. Se descubrió que dos de las empresas compraban derechos de pago para después cotejarlos con parcelas no declaradas por nadie, y las otras dos se utilizaban exclusivamente para pedir ayudas de la PAC y para facilitar facturas falsas a terceros para anexarlas a las solicitudes de subvención. La última empresa se publicitaba en la web para localizar parcelas en todo el territorio nacional con el fin de llevar a cabo el fraude.
Se estima que esta trama criminal defraudó 212.000 euros de dinero público en subvenciones de la Unión Europea y llegó a alcanzar los 500.000 euros con los beneficios obtenidos y el fraude indirecto. La investigación finalizó con la detención de tres personas a las que se les imputan los delitos mencionados, y se realizaron dos entradas y registros en Murcia, donde tenían su sede social las empresas implicadas, incautando 13.050 euros en efectivo, documentación y dispositivos informáticos. Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias por importes cercanos al millón de euros, fincas y propiedades, vehículos y tractores.
Esta operación demuestra la eficacia del trabajo conjunto de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea en la lucha contra el fraude y la corrupción, garantizando el correcto uso de los recursos públicos y protegiendo los intereses de los ciudadanos.
