El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM Intersindical) ha acogido con satisfacción una reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Toledo, que anula la creación de 98 puestos de libre designación implementados por la Junta de Comunidades en 2019. Estas posiciones estaban destinadas a diversas consejerías, así como a Presidencia y la Agencia del Agua.
Durante una rueda de prensa, el portavoz del STAS, Gustavo Fabra, junto al abogado del sindicato, José Emilio Rubio, comentó que este fallo judicial, aunque no es definitivo, «plantea serias dudas sobre el tipo de administración que se está estableciendo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha». Fabra criticó un modelo administrativo que se asemeja a una «pirámide invertida», donde se otorgan puestos de manera arbitraria, contradiciendo los principios de mérito y capacidad consagrados en la Constitución española.
La sentencia, emitida el 19 de mayo, responde a diez demandas presentadas por STAS-Intersindical relacionadas con las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo ocurridas en 2019, cuando Emiliano García-Page logró la mayoría absoluta y reestructuró la administración mediante el Decreto de Estructura. Esta reconfiguración dio lugar a la creación de 117 puestos de libre designación, muchos de los cuales se consideraron «un aumento salarial encubierto».
El abogado del sindicato detalló que estas modificaciones eliminaron las plazas de secretarios provinciales en todas las consejerías, introduciendo nuevos roles que no ampliaban responsabilidades, aunque implicaban incrementos en complementos y niveles salariales.
Asimismo, la sentencia condena a la Junta de Comunidades por incumplir los criterios de negociación colectiva, al anular las resoluciones que modificaban las relaciones de puestos. Rubio mencionó ejemplos de los puestos objetados, como la creación de dos jefes de área en la Consejería de Fomento, con un complemento específico considerable que podría alcanzar alrededor de 50.000 euros.
Sobre el futuro de los individuos que actualmente ocupan estos puestos, se informó que permanecerán en sus cargos hasta que la sentencia adquiera carácter firme, y, en el peor de los casos, regresarían a su posición anterior, garantizando que «nadie quedará desempleado». El STAS instó a los afectados a presentar reclamaciones a la Dirección General de la Función Pública y exigió la dimisión del director general de Función Pública y del consejero de Administraciones Públicas, subrayando la necesidad de un liderazgo comprometido con una administración imparcial.
Fabra destacó el aumento en la cantidad de puestos de libre designación en la administración, observando que en 2015 había 778, y que se espera que en 2025 esta cifra alcance los 1.024, lo que refleja un incremento del 42% en esta categoría. Criticó que «los recursos destinados a estos puestos se desvían de las plazas y posiciones base», acusando a la administración de crear una estructura con un exceso de altos cargos y personal eventual, mientras se descuida al personal que desempeña funciones esenciales en servicios públicos, incluyendo las delegaciones provinciales y las oficinas de empleo.
La noticia se complementa con un enlace al video donde STAS celebra la sentencia que anula la creación de los 98 puestos de libre designación de la Junta, que fue publicado inicialmente en el Diario de Castilla-La Mancha.
