La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, presentó este viernes en el Palacio de Justicia de Albacete la memoria judicial correspondiente al año 2024. En su informe, subrayó un incremento del 8,7% en los casos judiciales pendientes en comparación con el año anterior, una situación que atribuyó a la escasez de jueces en la región. A pesar de este crecimiento en los asuntos pendientes, Astray resaltó un aumento del 25,9% en el número de resoluciones judiciales. No obstante, este avance no es suficiente para contrarrestar el incremento del 14,6% en el ingreso de nuevos litigios.
El balance del último año judicial indica que los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha resolvieron un total de 263.460 asuntos, frente a los 196.497 del 2023, mientras que se registraron 283.872 nuevos casos. La presidenta del Tribunal concluyó que, a pesar del esfuerzo realizado por los tribunales, no se ha conseguido reducir el número de asuntos pendientes. Este problema se agrava por la falta de jueces, ya que Castilla-La Mancha tiene la menor ratio de jueces por habitante, con solo 10 por cada 100,000 personas.
Astray explicó que el aumento en la litigiosidad se debe en parte al crecimiento de la población y a una mayor presión judicial, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. Aunque se han habilitado nuevos juzgados y magistrados, la presidenta insistió en la necesidad de crear 45 nuevas plazas para jueces y magistrados en la región, señalando que «es preciso destinar muchos recursos a un territorio extenso y difícil de cubrir».
En cuanto a la litigiosidad, la jurisdicción social ha mostrado un notable incremento del 34,5% en nuevos casos, seguida por la jurisdicción civil, que creció un 31%. Los casos en la jurisdicción penal también aumentaron casi un 15%, y los Juzgados de Primera Instancia experimentaron un incremento del 23,8%.
Además, Astray señaló la problemática de las infraestructuras judiciales, señalando que algunos juzgados, como los de Illescas y Talavera, operan en locales reducidos o temporales. Esta situación obliga a los jueces a compartir salas de vistas y carecen de sistemas adecuados para grabar los procesos, lo que no solo provoca retrasos en la justicia, sino que afecta a las víctimas. Subrayó la importancia de contar con instalaciones apropiadas y servicios de videoconferencias para proteger a grupos vulnerables, como las víctimas de violencia de género.
En relación con la nueva Ley de Eficiencia en la Justicia, la presidenta consideró que alcanzar los objetivos de eficacia será un reto sin un aumento en el presupuesto. La nueva estructura impactará más en las capitales de provincia, que enfrentan una mayor carga de trabajo. Astray manifestó que, aunque hay una colaboración entre los diferentes actores judiciales, la implementación de cambios previos ha demostrado ser complicada. Reiteró que, sin una propuesta ambiciosa de presupuesto y un incremento en la planta judicial, se enfrentarán a serios desafíos en el futuro.
La noticia sobre el aumento del 8,7% de los casos judiciales pendientes a la falta de jueces se publicó primero en Diario de Castilla-La Mancha.
