El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha informado en una rueda de prensa sobre la próxima presentación de un nuevo borrador para la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en la región. Este marco normativo se procesará «con máxima urgencia y transparencia» y abordará aspectos fundamentales, como la obligatoriedad de la precontratación de servicios y la prohibición de que los vehículos de VTC circulen sin pasajeros en busca de clientes. Además, se estipulará que estos vehículos deben regresar a su base tras cada viaje.
Durante su reunión con la Federación Regional del Taxi, Hernando explicó que la regulación establecerá un límite en el número de licencias de VTC, fijando una proporción de 30 licencias de taxi por cada vehículo VTC, en línea con sentencias del Tribunal Supremo. En este contexto, el consejero advirtió que «no se concederá ninguna» nueva licencia de VTC, ya que se ha alcanzado el límite establecido. Sin embargo, expresó su inquietud por la contradicción de la legislación, ya que la normativa europea exige la autorización de licencias VTC para vehículos eléctricos.
Hernando también hizo hincapié en la necesidad de garantizar «máxima transparencia en precios» y en adaptar los servicios a la movilidad reducida, al igual que exige el sector del taxi. Criticó la postura de la legislación nacional, que ha delegado en las comunidades autónomas la regulación del transporte por carretera, lo que ha llevado a normativas inconsistentes y confusas.
Respecto a la situación específica en Toledo, el consejero comentó que su departamento ha recibido únicamente 10 denuncias de la Policía Local sobre vehículos VTC, en comparación con las 45 reclamaciones que, según el Ayuntamiento, han sido presentadas. Hernando instó al Consistorio a remitir cualquier denuncia adicional y anunció el inicio de sanciones para los propietarios de licencias VTC que incurran en incumplimientos relacionados con la «competencia desleal» que estos vehículos han ejercido en la ciudad.
Además, el consejero aclaró que la legislación vigente prevé sanciones de hasta 4.000 euros por infracciones graves, las cuales deberá imponer la Administración autonómica. Sin embargo, aquellas infracciones no vinculadas directamente a la ley, como la ocupación de espacios públicos, serán competencia de los ayuntamientos.
Sobre una posible reunión con la empresa Bolt, Hernando afirmó que están abiertos al diálogo con todas las partes, subrayando el compromiso del Gobierno regional de asegurar un servicio de movilidad seguro y confiable. Destacó que el sector del taxi ofrece precios regulados y una fiabilidad que no pueden asegurar los VTC, sugiriendo que estos podrían estar practicando tarifas por debajo del costo para desplazar a los taxistas, dejando a los usuarios sin opciones de transporte reguladas.
Por su parte, el secretario técnico de la Federación Regional del Taxi, José Luis Morón, resaltó la «vocación de servicio público» del sector taxi y expresó su esperanza de que esta nueva normativa ayude a resolver problemas que puedan surgir en otras localidades de la región en el futuro. Morón informó que no se han registrado incidentes significativos entre taxistas y conductores de VTC, aunque algunos taxistas han intercambiado información informalmente con conductores de Bolt.
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