Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, ha instado a España a respetar los tratados internacionales y la Carta Social Europea en cuanto a la normativa de despidos en el país. Durante una rueda de prensa en Toledo junto a Francisco Javier González, representante de UGT Castilla-La Mancha, Luján explicó la importancia de adecuar la legislación española a lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Según la central sindical, la resolución del CEDS resalta la necesidad de prever una compensación por las pérdidas económicas de los trabajadores desde el despido hasta la resolución legal del mismo. Luján señaló que esto implicaría la reintegración de los salarios de tramitación, actualmente inexistentes en la normativa española.
Además, el vicesecretario resaltó otra exigencia del CEDS en cuanto a la readmisión laboral. En los casos en los que no sea posible restituir un contrato rescindido de manera injusta, se debería establecer una indemnización lo suficientemente significativa para desincentivar a los empleadores a finalizar contratos de forma injustificada y compensar a los trabajadores perjudicados.
Luján subrayó la necesidad de que el Gobierno convoque a la mesa del Diálogo Social para llevar a cabo los ajustes legislativos necesarios, mencionando los planes de la vicepresidenta segunda de convocarla con ese propósito.
En relación al fallo del Comité Europeo, este reconoció la razón a UGT y condenó a España por no brindar una compensación adecuada ante despidos injustificados. El Comité afirmó que la legislación vigente en España no garantiza una reparación suficiente ni tiene un efecto disuasorio para los empleadores, incumpliendo el Artículo 24 de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una protección adecuada en caso de despido.
Como resultado, España fue condenada por violar un Tratado Internacional del Consejo de Europa, y Luján advirtió que la UGT litigará contra cualquier intento de las empresas de incumplir la ley con despidos injustos y precarios si el Gobierno no cumple con sus responsabilidades nacionales e internacionales.
Fuente: Diario de Castilla-la Mancha.
