Solicitan un año y medio de cárcel para dos empresarios por fraude procesal en un caso de despido en Toledo.

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo ha comenzado este miércoles el juicio contra C.P.G. y J.R.J., administradores de la empresa Agespasa SA, quienes enfrentan acusaciones de fraude procesal en relación al despido de A.P.C., un empleado de la firma. El primero de los acusados ocupó su puesto hasta su jubilación en 2014, mientras que el segundo ha continuado en funciones desde entonces.

Los hechos que dan origen a este juicio se remontan a inicios de 2016, cuando A.P.C. presentó una demanda contra C.P.G., J.R.J. y la empresa por despido, alegando vulneración de derechos fundamentales. Este caso, identificado con el número 197/2016, fue gestionado ante el Juzgado de lo Social número dos de Toledo. Tras su despido el 8 de abril de 2016, A.P.C. presentó una segunda demanda por despido improcedente, que se acumuló al procedimiento inicial.

Las audiencias del caso han sido suspendidas en varias ocasiones. En particular, la sesión del 7 de febrero de 2018 fue cancelada, y durante esa ocasión, los acusados presentaron un documento que la Fiscalía considera prueba fraudulenta. Este documento, titulado «Cláusula Pacto de no Concurrencia/Competencia, Dedicación Exclusiva», contenía cláusulas adicionales al contrato de trabajo de A.P.C., firmado en 2006. La Fiscalía sostiene que C.P.G. creó este documento únicamente para emplearlo en el juicio, y que tanto él como J.R.J. falsificaron la firma de A.P.C. utilizando una copia escaneada, otorgándole así aparente credibilidad.

Además, se alega que los acusados añadieron un sello del Instituto Nacional de Empleo (INEM) con la intención de dar más autenticidad al documento, a pesar de que este tipo de pacto no requiere la validación de ninguna administración para ser válido.

Sin embargo, el tribunal no admitió este documento como prueba, lo que supuso un revés para sus aspiraciones. A pesar de la decepción de los acusados, la Fiscalía ha decidido acusarlos de falsedad en documento privado e intento de estafa procesal, solicitando un año y seis meses de prisión para cada uno, así como una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo período.

La entrada sobre este caso se publicó primero en el Diario de Castilla-La Mancha.

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