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En 2024, las Fuerzas de Seguridad de España informaron de un preocupante total de 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores, lo que representa un aumento del 87% en comparación con los 2.367 casos registrados en 2019. Este incremento forma parte de una tendencia ascendente, ya que los incidentes han aumentado cada año: 1.460 en 2020, 2.365 en 2021, 3.650 en 2022 y 4.053 en 2023.
Durante el último año, se llevaron a cabo 987 detenciones e investigaciones relacionadas con estos delitos, el doble de los arrestos reportados en 2019, que fueron 420. Después de una ligera disminución a 258 en 2020, la cifra de detenidos ha ido en constante crecimiento, alcanzando 437 en 2021, 661 en 2022 y 805 en 2023. Las comunidades con mayor número de arrestos en el último año son Asturias, con 147 detenidos; Castilla-La Mancha y Andalucía, ambas con 146; y la Comunitat Valenciana, con 116 arrestos.
Castilla-La Mancha se situó como la comunidad más afectada, registrando 799 robos, seguida de Andalucía con 745 y la Comunidad de Madrid con 678. También se reportaron cifras significativas en otras regiones como Castilla y León (428), Aragón (298), Asturias (272), la Comunitat Valenciana (271) y Galicia (259).
En respuesta a estos robos, el Ministerio del Interior ha comenzado a investigar incidentes recientes, como el robo de cables en la provincia de Toledo que impactó en la línea de alta velocidad del AVE entre Madrid y Andalucía. Se sospecha que este acto fue intencionado, dado que se llevó a cabo en un tramo crítico y en un momento de gran afluencia de pasajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó que aunque el valor del cable sustraído fue relativamente bajo, alrededor de 1.000 euros, el daño ocasionado a los 10.700 viajeros afectados fue considerable.
Recientemente, la Guardia Civil llevó a cabo una operación llamada ‘Ascia’, desmantelando una banda delictiva que había robado más de 34.215 metros de cable de cobre, valorado en casi dos millones de euros. Este tipo de robos, realizados de manera organizada, incluyen una inspección previa de los lugares y la quema de cables para extraer el cobre antes de su venta en chatarrerías. La creciente preocupación por estos delitos ha llevado al Ministerio del Interior a implementar un «Plan permanente de Respuesta de Actividades Ilícitas relacionadas con el Cobre».
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