El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha presentado un plan de inversión superior a 1,7 millones de euros para implementar medidas que reduzcan los incidentes de agresiones a profesionales sanitarios. Este anuncio se hizo durante el pleno del Observatorio de la Violencia, donde destacó la importancia de estas iniciativas.
En 2024, se registraron 696 incidentes de agresiones a sanitarios, lo que representa un aumento de 39 casos en comparación con el año anterior. Dentro de estos, 19 fueron agresiones físicas, que suponen el 2,7% del total, evidenciando una ligera disminución respecto a 2023. Las áreas más afectadas han sido Añover de Tajo y la zona de la Sagra, en Toledo.
Entre las medidas de seguridad anunciadas, se contempla la instalación de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y la designación de un director de seguridad para Sescam. Las cámaras permitirán controlar accesos y activar alertas a los vigilantes mediante luces y mensajes preprogramados. Además, se integrarán pulsadores antipánico inalámbricos que los profesionales podrán llevar, así como dispositivos fijos en zonas estratégicas. Las alarmas emitirán sirenas y mensajes con el fin de disuadir y alertar sobre posibles agresiones.
Se proyecta la instalación de más de 1,500 cámaras y alrededor de 3,000 botones antipánico, basándose en el análisis de las áreas con mayor riesgo. La gestión de estos dispositivos se realizará a través de un software centralizado en tres centros de procesamiento de datos del Sescam, con operaciones coordinadas desde el Centro Operativo de Seguridad de los hospitales.
Jara subrayó que estas iniciativas buscan una detección temprana de incidentes para permitir una rápida intervención. Asimismo, se continuará el desarrollo del procedimiento del expediente sancionador administrativo para ofrecer apoyo a los profesionales mediante alternativas al proceso judicial. En caso de agresiones, se llevará a cabo un procedimiento que incluye un estudio e investigación, y, si se considera necesario, se emitirá una sanción económica que variará entre 600 y 3,000 euros, según la gravedad.
La situación de los incidentes ha sido descrita como «multifactorial» y se ha incrementado notablemente desde la pandemia. Aunque Jara explicó que este aumento está relacionado con un mayor flujo de atención y procesos, enfatizó la necesidad de continuar los esfuerzos para reducir las agresiones físicas, que predominan en Atención Primaria. El 74% de los incidentes fueron reportados por mujeres, y casi dos tercios involucraron a profesionales médicos y de enfermería.
La mayoría de las agresiones han sido de carácter verbal, representando casi el 94% del total, mientras que las agresiones físicas constituyen el 2,7%, con una leve disminución respecto al año anterior. Jara respondió a las críticas del CSIF sobre estas cifras, afirmando que Castilla-La Mancha se sitúa «muy por debajo de la media» nacional en términos de incidentes registrados.
En 2023, 57 trabajadores utilizaron la asistencia legal proporcionada por Sescam, lo que supone un aumento del 32,5% en comparación con el año anterior, reflejando una mayor confianza en el apoyo jurídico del Gobierno regional. Entre marzo de 2024 y mayo de 2025, se emitieron 45 sentencias por los tribunales de Castilla-La Mancha, de las cuales el 64% resultaron en condenas, incluyendo nueve por atentados a la autoridad.
Jara concluyó afirmando que Sescam redoblará esfuerzos en todos los frentes para erradicar las agresiones, subrayando que cualquier ataque es inaceptable. Reiteró su compromiso con la prevención, la protección y la concienciación a la ciudadanía mediante campañas informativas, y destacó la importancia de denunciar cada conducta agresiva.
El artículo original se publicó en Diario de Castilla-La Mancha.
