Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la adquisición de armas táser por parte del Ayuntamiento de Toledo, enviando una carta al alcalde, Carlos Velázquez, con interrogantes sobre diversos aspectos relacionados con estas armas de electrochoque. En la misiva fechada el 31 de mayo, la organización de derechos humanos se enfoca en la capacitación de los efectivos en el uso de estas armas, los procedimientos establecidos para su activación, y los sistemas de evaluación y responsabilidad posterior.
La ONG destaca los riesgos asociados con las armas táser, que en ocasiones pueden causar daños graves e incluso letales. Especialmente preocupante es el impacto en personas vulnerables a los efectos nocivos de estas armas, como mujeres embarazadas, ancianos, individuos con afecciones cardíacas o bajo la influencia de sustancias psicoactivas.
Amnistía Internacional no se opone a la inclusión de las táser como herramientas policiales, pero insiste en que su uso debe estar regido por condiciones y límites claros, garantizando el máximo respeto a los derechos humanos. La organización considera que el uso de estas armas solo se justifica en situaciones de amenaza inminente a la integridad física que no puedan abordarse de manera menos invasiva, y como último recurso antes de recurrir a la fuerza letal.
La entidad pide un detallado conjunto de prohibiciones sobre situaciones específicas en las que las armas táser no deben ser utilizadas, así como la necesidad de evitar su uso en ciertas áreas del cuerpo humano. También cuestiona los motivos que llevaron al Ayuntamiento a adquirir este tipo de armamento, justificado como medio para confrontar a individuos violentos y citando un aumento en la dificultad para resolver ciertas amenazas mediante fuerza física desde 2020.
Amnistía Internacional ha planteado diversas preguntas al Ayuntamiento para conocer más detalles sobre el volumen y tipo de armas táser adquiridas, las unidades policiales equipadas con estos dispositivos, la naturaleza y duración de los entrenamientos proporcionados a los efectivos, la existencia de protocolos de uso y medidas de fiscalización postuso. Las respuestas a estas preguntas están aún pendientes.
Esta no es la primera vez que Amnistía Internacional investiga el uso de las táser; diversas administraciones municipales en ciudades de Castilla-La Mancha, como Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, han recibido solicitudes similares, demostrando el constante escrutinio de la institución en casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades locales.
