Toledo, 7 de enero de 2026.- El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha hecho pública hoy la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que establece las directrices y procedimientos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, asegurando así una adecuada disciplina en la gestión financiera.

Con esta orden, la Consejería busca regular las normas que permitirán una efectiva ejecución de los presupuestos autonómicos. Estos presupuestos continúan la línea de desarrollo iniciada en 2015, con el objetivo de consolidar el Estado del Bienestar y reforzar la cohesión social en la región. Además, se enfocan en impulsar la economía, fortalecer el desarrollo empresarial y generar empleo, apoyando especialmente a pymes y autónomos, y abordando el desafío demográfico.

Las cuentas del gobierno liderado por Emiliano García-Page para este año alcanzan los 12.903 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5% respecto al año anterior. Esta suma permitirá destinar 7.555 millones de euros —3.054 millones más que la cantidad presupuestada en 2015— a financiar servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.

Asimismo, se han asignado 3.232 millones de euros, un 68% más que en 2015, para políticas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo, de los cuales se destinarán 1.475 millones a través de transferencias a las empresas.

Además, se vuelve a considerar el impacto del reto demográfico en las políticas presupuestarias, por lo que la Estrategia Regional contra la Despoblación contará con 2.116 millones, un aumento del 23,5% en comparación con lo presupuestado en 2023, año en el que se cuantificaron por primera vez estos fondos.

Un presupuesto alineado con el equilibrio fiscal

Este presupuesto se presenta como compatible con el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit, sin incrementar el endeudamiento de la comunidad autónoma. Además, es compatible con la implementación de nuevas reducciones fiscales en el ámbito social, que se suman a las ya establecidas por el Gobierno regional en la última década. Estas reformas han permitido duplicar los beneficios fiscales para los contribuyentes de Castilla-La Mancha desde 2015, y para 2026 se prevé un ahorro de 390 millones de euros.