Los sindicatos CCOO y UGT impugnan el ERE de Pablosky por falta de justificación económica y trabajarán para anular los despidos.

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Los sindicatos CCOO Industria Toledo y UGT han anunciado su oposición al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la fábrica de zapatos Pablosky en Fuensalida. Argumentan que la medida carece de justificación económica y adelantan que será recurrida.

La empresa Pablosky, con 315 empleados, intentó previamente convertir una parte de su plantilla en personal fijo discontinuo, lo que resultó en una disminución salarial. Este año, la compañía ha propuesto nuevamente esta modalidad de contratación, generando descontento entre los trabajadores.

La dirección de Calzados Pablo tiene la intención de reducir su plantilla, anunciando el despido de 48 trabajadores. Sin embargo, los sindicatos estiman que este número podría ascender a aproximadamente un centenar, incluyendo a 68 empleados en edad de jubilarse o prejubilarse a los que no se les ha ofrecido la opción de bajas voluntarias.

Los representantes sindicales han remarcado que las razones económicas esgrimidas por la empresa para justificar el ERE son «infundadas». En caso de llevarse a cabo los despidos en los términos propuestos por la empresa, acudirán a las autoridades laborales buscando la nulidad del procedimiento o su declaración de improcedencia.

También han programado una asamblea para el próximo martes con el objetivo de informar a los trabajadores la situación actual y definir las acciones sindicales contra lo que consideran «despidos traumáticos».

Los sindicatos también han criticado la postura de la empresa, que ha trasladado parte de sus operaciones a Marruecos. Aseveran que los trabajos realizados en este nuevo destino podrían haber mantenido los puestos de las 48 personas a despedir en Fuensalida.

Tras un proceso de mediación, las partes decidieron extender el periodo de consulta, pero a pesar de ello, los sindicatos acusan a los propietarios de Pablosky de responsabilizar a los trabajadores mayores de haber presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y de haber ofrecido salidas voluntarias únicamente para determinados grupos de edad.

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