Toledo, 18 de julio de 2024
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado la importancia de la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha, la cual refuerza los controles sobre los altos cargos de la Administración regional. Esta ley, que ha sido aprobada en el Pleno de las Cortes con el consenso de los principales grupos parlamentarios, completa la estructura jurídica en materia de integridad pública en la Comunidad Autónoma.
La nueva norma establece nuevas obligaciones para los altos cargos, como la presentación de una Declaración Responsable que asegure que no están involucrados en ninguna causa de incompatibilidad que pueda afectar a su labor pública. Además, se les exigirá presentar una declaración de patrimonio al inicio y final de su mandato para detectar posibles incrementos irregulares. También se incluyen medidas para evitar conflictos de intereses en la toma de decisiones.
La Ley de Integridad otorga un papel relevante a la Oficina de Integridad, dependiente de la Vicepresidencia Primera, para garantizar el cumplimiento de la norma y proteger a quienes denuncien posibles irregularidades. Asimismo, se incorpora un sistema de prestación similar al de otras administraciones para compensar las limitaciones en materia de incompatibilidades, extendiéndose también a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha.
En relación con las críticas de Vox sobre el coste de la medida, Martínez Guijarro ha desmentido la cifra de 20 millones de euros, señalando que la mayoría de los altos cargos son funcionarios y no tendrán derecho a la prestación por cese de actividad. Asimismo, ha instado a la coherencia a Vox, recordando que reciben beneficios por su dedicación exclusiva en las Cortes y por gastos electorales.
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