miércoles, 12 febrero 2025

IU urge a Velázquez a declarar Toledo como zona de tensión por alzas en alquileres

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su preocupación por la situación del mercado de vivienda en la ciudad. De acuerdo con los datos disponibles, incluyendo información proveniente de informes de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el precio promedio de alquiler en Toledo alcanza los 794 euros mensuales, una cifra que resulta inalcanzable para muchos jóvenes y familias, especialmente en un contexto de inflación.

Esta preocupación surge a raíz de la decisión del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, de no solicitar la declaración de Zona Tensionada de vivienda para la ciudad. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha calificado esta decisión como un acto de «cobardía y una irresponsabilidad institucional», que impide a los ciudadanos ejercer su derecho constitucional de acceso a la vivienda.

Fernández ha indicado que la falta de solicitud de esta declaración permite que los grandes propietarios de viviendas tengan demasiado control en Toledo, y considera que se está negando un derecho fundamental de manera irresponsable y cruel.

Por lo tanto, Izquierda Unida presentará una moción en el próximo pleno para instar al equipo de Gobierno a implementar políticas de vivienda social y asequible de manera inmediata, proponiendo declarar a Toledo como una «zona de mercado residencial tensionado» para poder establecer límites en el precio de alquiler.

Según Fernández, esta medida es sensata y responsable, y está alineada con las necesidades de aquellos que requieren el apoyo de las instituciones en estos tiempos difíciles. Destaca que, de acuerdo con datos del INE, hay alrededor de 3.500 viviendas vacías en Toledo que podrían salir al mercado si se aprueba dicha declaración, la cual ofrece beneficios fiscales a los propietarios, como importantes deducciones en el IRPF y la posibilidad de aplicar recargos en el IBI a las viviendas desocupadas.

Fernández también señala las dificultades que enfrentan los habitantes de la ciudad, como las mujeres cuyos salarios anuales no superan los 17.761 euros y los jóvenes, con un salario promedio inferior a los 15.000 euros. Estas cifras los obligan a destinar una parte significativa de sus ingresos al pago del alquiler y de los servicios básicos, en muchos casos sobrepasando el 30% de sus ingresos en vivienda, el umbral establecido por la Ley por el Derecho a la Vivienda para la declaración de una zona tensionada.

Izquierda Unida considera que la posición del alcalde de no solicitar la declaración equivale a negar efectivamente el acceso al derecho a la vivienda, privando a una gran parte de la población de este derecho humano esencial.

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