El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su inquietud acerca de la calidad del servicio de arqueología municipal, después de la reciente licitación del contrato para el ‘Control y seguimiento arqueológico de licencias municipales’. Según Txema Fernández, portavoz del grupo, este contrato parece más orientado a la recaudación que a un efectivo control arqueológico, algo esencial en una ciudad que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad desde 1986.
Fernández ha destacado que, a poco más de un año para 2025, Toledo carece de un servicio de arqueología que cumpla con los estándares de control requeridos, lo que genera serias dudas sobre la validez de los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad. El portavoz ha instado a la Concejalía de Patrimonio a establecer criterios sólidos para el control patrimonial, respaldados por un servicio arqueológico municipal que atienda los intereses de la ciudad y no solo las necesidades relacionadas con licencias urbanísticas.
Además, ha criticado la tendencia reciente a privatizar el servicio de arqueología, que está en manos privadas desde 2014. También ha lanzado críticas al equipo de Gobierno por mantener este servicio bajo contratos menores tras la salida de la anterior empresa en noviembre, sosteniendo que esta práctica carece de transparencia y favorece a ciertas empresas en las adjudicaciones.
Según Fernández, la situación del servicio es preocupante, ya que el precio base de la nueva licitación es de 35.000 euros, inferior al de años anteriores y por debajo de lo que percibe un arqueólogo en la Junta. Esta reducción, afirma, impacta negativamente en la calidad de los informes presentados, dado que los requisitos exigidos no serían cumplidos, especialmente en un contexto donde no hay un Plan de Ordenación Municipal (POM) y se tramitan obras que podrían afectar el entorno natural de Toledo.
En otro orden de cosas, Fernández también ha comentado sobre una nueva promoción de 124 viviendas en el Polígono Residencial, destacando la importancia de construir con criterios de utilidad social. Ha señalado que, para que una vivienda se considere asequible, una familia no debería destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, lo cual no ocurrirá en este caso, ya que los precios superarán los 550 euros, más suministros e impuestos. A su juicio, esto refleja una desconexión con la realidad social y económica de Toledo, especialmente en relación con la población joven a la que se pretende dirigir estos proyectos.
La noticia sobre IU Toledo exigiendo un servicio municipal de arqueología «útil y digno de una ciudad patrimonio» para salvaguardar nuestro patrimonio cultural fue publicada originalmente en Diario de Castilla-la Mancha.
