El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo ha manifestado su inquietud sobre el sistema de control de los contratos municipales y su cumplimiento, especialmente dado que son las propias empresas adjudicatarias las que eligen a las auditorías externas encargadas de supervisar sus actividades. El portavoz de la formación, Txema Fernández, ha propuesto que sea una comisión quien asuma esta función de control.
Fernández ha subrayado que es difícil imaginar que las empresas seleccionadas para supervisar una actividad puedan ser imparciales si son elegidas por aquellos a quienes deben vigilar. «Nos preocupa que ese control no sea tan efectivo como debería ser para asegurar un servicio de calidad», ha afirmado, resaltando la necesidad de garantizar la objetividad y la seguridad en las auditorías, especialmente considerando que los contratos para la gestión de servicios públicos constituyen casi la mitad del presupuesto municipal.
El concejal de IU ha recordado que en un pleno municipal de 2019 se aprobó la creación de una comisión integrada por representantes de las empresas, trabajadores, técnicos municipales y miembros de cada partido político, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los contratos. Actualmente, diversos contratos, incluidos los de mantenimiento de parques y jardines, depuración de agua, mantenimiento de edificios, colegios y limpieza viaria, están bajo la fórmula de control cuestionada por Izquierda Unida.
Fernández ha señalado que este método puede dar lugar a irregularidades, citando como ejemplo el contrato de limpieza viaria y recogida de basura, adjudicado por un monto inferior al recomendado por los técnicos municipales. Este contrato contempla como falta grave el hecho de que parte del personal realice labores en otros municipios, lo que complicaría la tarea de supervisión, que debería recaer exclusivamente en el Ayuntamiento y no en empresas asociadas a la adjudicataria.
El concejal ha advertido sobre los riesgos de que el personal asignado al contrato de Toledo realice trabajos en otros lugares, beneficiando a la empresa responsable del contrato en la ciudad. Otro contrato mencionado por Fernández es el de depuración de agua, adjudicado a Aqualia a un precio significativamente inferior al estimado por los técnicos, un proceso de auditoría externa que también fue criticado, ya que la empresa propuso a su propio auditor para supervisar su cumplimiento.
Con un costo anual de 20.000 euros para la auditoría externa, Fernández ha cuestionado la imparcialidad de un informe de cumplimiento realizado por una empresa en la que Aqualia tiene influencia directa en la selección. Esta situación ha llevado a Izquierda Unida a instar al equipo de Gobierno a considerar un modelo de control más efectivo y transparente.
La entrada sobre las propuestas de Izquierda Unida para la supervisión de los contratos municipales en Toledo se publicó inicialmente en Diario de Castilla-La Mancha.
