Toledo, 18 de noviembre de 2024

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 8.600 millones de euros con el objetivo de fortalecer y avanzar el Estado de Bienestar en la región, un hecho que se refleja en los Proyectos de Ley de Presupuestos de la última década.

Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante su intervención en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde presentó el presupuesto de su departamento para el próximo año, acompañada por Natividad Zambudio, secretaria general de la Consejería.

García Torijano ha anticipado que su área gestionará un presupuesto inicial de 912,2 millones de euros para el año 2025, lo que representa un incremento del 50% respecto al presupuesto de 2015.

Además, ha subrayado que esta inversión para el próximo año pone de manifiesto que, “en el décimo aniversario del Gobierno del presidente Page, hemos invertido 8.600 millones de euros en políticas sociales destinadas a cimentar el Estado del Bienestar y superar los recortes impuestos entre 2011 y 2015. Esto ha permitido fortalecer los servicios públicos esenciales, modernizar infraestructuras, promover la digitalización y apoyar a los colectivos más vulnerables, incluidos mayores, personas con discapacidad, infancia y familias”.

La consejera remarcó que esto equivale a una inversión de 2,5 millones de euros diarios para mejorar la atención y calidad de vida de los ciudadanos, a través de unas cuentas basadas en la prudencia y moderación, que permiten aprovechar los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en forma de infraestructuras, prestaciones y servicios públicos.

En relación con la ejecución presupuestaria de la Consejería de Bienestar Social hasta el 30 de septiembre, García Torijano destacó que se sitúa en el 79,72%, lo que equivale a 754,4 millones de euros de un total de diez programas implementados, superando en tres puntos porcentuales la ejecución del año pasado en la misma fecha.

Inversión de 44,9 millones de euros en infrestructura sociales

La consejera especificó que en 2025 y 2026 se completarán y finalizarán las obras en infraestructuras sociales dirigidas a la atención de personas mayores, en situación de dependencia, discapacidad o menores.

Entre los proyectos destacados, mencionó la finalización y puesta en marcha en el primer semestre de 2025 de las nuevas residencias de mayores en Elche de la Sierra y Chinchilla de Montearagón, que forman parte de un total de ocho residencias en construcción financiadas con Fondos Europeos y colaboración del sector privado, añadiendo más de 100 nuevas plazas públicas a la red.

También subrayó la nueva residencia «Los Olmos» en Guadalajara, con una inversión de más de 16,7 millones de euros; la rehabilitación de la residencia ‘Gregorio Marañón’ en Ciudad Real, que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros; y las reformas en las residencias públicas de ‘Barber’ en Toledo, con 2,4 millones de euros, y ‘Las Hoces’ en Cuenca, que recibirá cuatro millones de euros.

Entre otras actuaciones en infraestructuras, se prevé la finalización en 2025 del Centro de Referencia de Alzheimer en Albacete y el avance en la construcción del de Talavera de la Reina, con una inversión conjunta de 7,7 millones de euros. Además, se concluirá e inaugurará el centro de mayores y centro de día en Tarancón con una inversión de cuatro millones de euros a finales del próximo año.

García Torijano también indicó que el próximo año se implementará un nuevo programa de Turismo Social y se alcanzará el compromiso de digitalizar el 95% de los terminales del Servicio Público de Teleasistencia, integrando inteligencia artificial.

Asimismo, anunció que se destinarán seis millones de euros a incrementar el precio por plaza y a mejorar la red de plazas residenciales públicas en colaboración con el sector privado.

El Gobierno regional asumirá la gestión del Programa Básico con cargo al Fondo Social Europeo PLUS, destinando 2,7 millones de euros en tarjetas monedero para atender a las familias más vulnerables, beneficiando a más de 2.000 hogares.

Desarrollo del marco normativo