El mercado inmobiliario en España se aproxima a un punto de inflexión relevante, impulsado por la inminente implementación del Plan Estatal de Vivienda previsto para el año 2026. Bajo la dirección del actual Gobierno, este plan pretende expandir el presupuesto para la vivienda pública, una medida que refleja un intento por abordar los desafíos que enfrenta el sector. Sin embargo, las cifras actuales revelan deficiencias significativas en la ejecución presupuestaria: apenas el 41,6% de los fondos asignados para 2024 al Ministerio de Vivienda han sido utilizados, de un total de 4.175 millones de euros.
Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y figura destacada en Fincas Blanco, subraya la imperativa necesidad de unir intenciones bien fundadas con una planificación sólida y ejecución eficiente. Blanco aboga por un enfoque de largo alcance que se asegure de que el mercado de alquiler sea sostenible y adecuado para las necesidades sociales actuales. Esta visión incluye la creación de una empresa pública de vivienda que entrará en operación el próximo año, con una misión clara: la gestión de más de 30.000 viviendas del conocido ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán habilitadas para su inmediatez.
A pesar de estas innovaciones, Blanco advierte que la verdadera medida del éxito del plan radica en su capacidad para instituir estrategias a medio y largo plazo. Las políticas deben evolucionar en respuesta a transformaciones demográficas, como el crecimiento de familias monoparentales. Entre sus propuestas se encuentra el aumento de la edificabilidad y la modificación de restricciones para segregar fincas, lo cual incrementaría la densidad habitacional en zonas prioritarias y facilitaría la creación de infraestructuras accesibles cercanas a grandes ciudades.
Un aspecto crítico del debate es el Bono Alquiler Joven. Aunque diseño con 200 millones de euros desde octubre, su eficacia está en cuestión ya que las comunidades autónomas aún no han hecho uso de estos fondos, obstaculizadas por la falta de convocatorias. Blanco insiste en que el mercado de alquiler necesita una reforma profunda, incluyendo más licencias para transformar locales comerciales en viviendas habitables, a condición de que la iniciativa no dependa solo del sector privado.
Finalmente, Blanco alerta sobre las consecuencias de un sector público que no asume plenamente sus responsabilidades económicas, señalando que el auge del mercado inmobiliario debería reflejarse en políticas de vivienda inclusivas. Destaca que parte de los ingresos generados vía impuestos en este sector deberían reinvertirse para abordar de manera efectiva los retos de accesibilidad en el mercado de alquiler. En ausencia de un cambio robusto y redistributivo, advierte, los problemas estructurales de vivienda podrían persistir más allá de cualquier esfuerzo actual.
